El jefe de Estado desmintió fallas en su programa frente a diputados y senadores. En paralelo, avanza la tensión con los gobernadores aliados y se recalientan las negociaciones por las reformas judiciales y electorales.
En una extensa reunión a puertas cerradas que se extendió por casi cinco horas en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó un cónclave frente a ministros y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) donde ordenó rechazar categóricamente cualquier señal de deterioro económico. Bajo la premisa de «no dejarse psicopatear», el mandatario refutó de plano las estimaciones sobre caída de la actividad, pérdida de puestos de trabajo y retroceso del poder adquisitivo de las familias, atrincherándose en su programa económico ante las críticas públicas y la baja en las encuestas.
La bajada de línea generó malestar y sorpresa en un sector de la tropa parlamentaria con mayor trayectoria política, que advierte sobre las dificultades de confrontar con la realidad de la calle en la antesala de la difusión de indicadores clave como el PBI, la inflación de salarios y el índice de pobreza.
La negativa presidencial a admitir fallas impacta de lleno en la gestión cotidiana y profundiza los cortocircuitos entre el equipo económico y el ala política del Gobierno. Muestra de ello fue la inclusión en el Presupuesto 2027 de artículos resistidos por los operadores parlamentarios, como el capítulo vinculado a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que encendió alarmas ante los aliados en el Congreso.
Mientras Karina Milei comanda la estrategia política supeditando acuerdos a la suspensión de las PASO y los gobernadores dialoguistas advierten sobre el agotamiento de su paciencia, la agenda legislativa se empantana. En contraste, avanza con fluidez la reestructuración judicial impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en un escenario donde el oficialismo busca capitalizar el pragmatismo operativo frente a una oposición fragmentada.
