La iniciativa busca aplicarse contra quienes participen de operaciones petroleras no autorizadas en las islas, expandiendo una figura que hasta ahora estaba limitada a delitos de lesa humanidad y terrorismo.
Durante una cadena nacional acompañada por todo su Gabinete, el presidente Javier Milei anunció el envío de un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo central de frenar la explotación petrolera no autorizada en las Islas Malvinas. Entre las medidas más destacadas del paquete normativo se encuentra la aplicación del juicio en ausencia para aquellos acusados que se encuentren prófugos o de quienes no se pueda dar con su paradero en el marco de operaciones extractivas ilegales en la región.
La iniciativa busca expandir el alcance de esta herramienta jurídica, que hasta el momento había sido habilitada exclusivamente a comienzos de 2025 para delitos graves como terrorismo, genocidio y crímenes de lesa humanidad —teniendo su primer gran antecedente en la causa AMIA bajo la órbita del juez Daniel Rafecas—, para llevarla al terreno de la defensa de los recursos naturales en un territorio en disputa.
La urgencia del planteo oficial radica en el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado de manera conjunta por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según advirtió el mandatario, de no actuar con firmeza y celeridad, las compañías tendrán en pocos meses la capacidad material para apropiarse de las reservas hidrocarburíferas ubicadas en el mar argentino.
Para contrarrestar esta situación, el paquete de medidas presentado por el Ejecutivo incluye la firma de un decreto destinado a agilizar las sanciones previstas en la Ley 26.659, la emisión de un DNU para la construcción de una nueva base naval integrada en Tierra del Fuego, y el envío urgente del proyecto que modifica el marco legal vigente. Esta nueva normativa contempla un endurecimiento drástico de las penas para las empresas infractoras y sus proveedores, la inhabilitación absoluta para contratar con el Estado argentino, y la mencionada incorporación del juicio en ausencia bajo estrictas garantías procesales, tales como la designación de defensa técnica, el registro audiovisual del debate y la posibilidad de un nuevo juicio en caso de que el imputado comparezca.
