A un ritmo de 31 firmas diarias, la pérdida de unidades productivas alcanza niveles no vistos desde la pospandemia. El impacto golpea principalmente a las Pymes, mientras el Gobierno prioriza incentivos fiscales para megaproyectos de inversión en minería y energía.
La Argentina atraviesa una transformación económica marcada por una profunda asimetría. Mientras el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) celebra la aprobación de proyectos millonarios en minería y petróleo, el entramado productivo real registra una hemorragia constante: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el país perdió 26.448 empresas privadas, una dinámica de cierre que promedia más de una firma por hora.
Los datos, provenientes del Instituto Argentina Grande (IAG) y basados en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), confirman que el número total de unidades productivas cayó a 485.909, el registro más bajo desde septiembre de 2021. La tendencia, que se mantuvo prácticamente ininterrumpida durante los últimos dos años, afectó a 23 de las 24 provincias, siendo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe los distritos con mayores pérdidas en términos absolutos.
El sector privado ha visto cómo su estructura se achica. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el rubro más perjudicado es el comercio, seguido por el transporte, los servicios inmobiliarios y la industria manufacturera. Un dato alarmante es la composición de este declive: el 99,75% de las empresas desaparecidas son Pymes con menos de 500 trabajadores, evidenciando que el impacto recae sobre el corazón del empleo local.
El desplome empresarial tiene un impacto directo en el mercado laboral. Con 370.487 puestos de trabajo privados registrados perdidos en el mismo periodo, el sector de la construcción encabeza las bajas, seguido por la industria manufacturera y el transporte. Casos recientes, como el cierre de la planta de asientos Adient o la paralización de firmas textiles en La Rioja, ilustran un proceso donde la producción nacional es desplazada en muchos casos por la importación o por la inviabilidad operativa.
Mientras este fenómeno ocurre en el día a día de las Pymes, la macroeconomía se ilusiona con la otra cara de la moneda: el RIGI. Con 17 proyectos aprobados —como la multimillonaria inversión de BHP y Lundin Mining en San Juan— y otros en espera, el Gobierno apuesta a que el flujo de divisas y la explotación de recursos naturales compensen el deterioro del tejido productivo preexistente. El interrogante que divide a los analistas es si el crecimiento concentrado en sectores extractivos podrá, eventualmente, derramar sobre una estructura Pyme que hoy se encuentra en un estado de fragilidad sin precedentes.
