En una dura columna de opinión, el gobernador bonaerense acusó a la gestión de Javier Milei de recortar transferencias e instrumentar la ayuda financiera como un mecanismo de coacción política.
El debate sobre el federalismo y la distribución de recursos escaló luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicara un texto titulado «Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado». En el escrito, el mandatario cuestionó con dureza el rumbo económico del Ejecutivo nacional y aseguró que la Casa Rosada utiliza el ahogo financiero como una herramienta de presión para condicionar el voto de los legisladores en el Congreso.
Este pronunciamiento se da en medio de fuertes tensiones por la transferencia de fondos y la discusión en torno a posibles modificaciones en el sistema electoral, como los cambios en las PASO. Si bien el planteo de Kicillof se enmarca en la confrontación política, distintos indicadores económicos reflejan un escenario de marcada fragilidad financiera para las jurisdicciones subnacionales.
Ajuste, caída de ingresos y reclamos transversales Entre los puntos centrales del diagnóstico, el gobernador advirtió sobre la fuerte retracción en las arcas provinciales impulsada por tres factores determinantes:
- El desplome de las transferencias no automáticas, lo que paralizó los giros discrecionales destinados a obras públicas, asistencia social y programas educativos.
- La caída en la recaudación coparticipable, producto directo de la contracción en el consumo interno y la actividad industrial.
- El doble impacto local, ya que la menor actividad económica también deprimió los ingresos propios de cada distrito, como la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos.
Esta situación de apremio no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires, sino que genera malestar transversal en gobernadores de diversos espacios políticos —desde el radicalismo y el PRO hasta el peronismo no kirchnerista— debido al abandono de responsabilidades nacionales y la parálisis de la obra pública en el interior. Mientras la administración central defiende la restricción del gasto como el pilar innegociable para sostener el superávit y bajar la inflación, los mandatarios provinciales advierten que absorben una sobrecarga crítica en áreas esenciales como salud, seguridad y educación.
