El intendente criticó la visita del presidente Javier Milei, lamentó la falta de diálogo institucional y advirtió que el municipio y la Provincia sostienen en solitario la reconstrucción urbana.
A meses de la devastadora inundación que afectó la infraestructura y los servicios de Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles lanzó un duro reclamo contra el Gobierno nacional por la falta de ejecución de los fondos y obras prometidas para la reconstrucción. El malestar municipal cobró mayor intensidad tras la reciente visita del presidente Javier Milei a la ciudad, un paso que el jefe comunal cuestionó por tener un tinte estrictamente político y carecer de una instancia institucional para abordar las necesidades urgentes de los vecinos, marcada además por la ausencia de un encuentro oficial con las autoridades locales.
Según detalló Susbielles, la Nación había asumido compromisos concretos vinculados a la reparación de accesos viales estratégicos —como el paso urbano en El Cholo—, asistencia económica directa a comercios y el financiamiento de USD 200 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo para reconectar servicios básicos, además de partidas anunciadas en su momento por el exgabinete nacional. Sin embargo, el intendente sentenció que “no llegó un solo centavo” de dichos recursos, dejando todo el peso de la recuperación sobre las arcas municipales, el respaldo del Gobierno bonaerense y el aporte solidario de empresas locales y vecinos que debieron hacer frente a la destrucción de más de 640 calles y graves daños cloacales y de gas.
En paralelo al reclamo financiero, el municipio avanza con un plan propio de 13 intervenciones específicas, complementado por obras fundamentales encaradas por la Provincia sobre el canal Maldonado y sistemas de drenaje que superan los $40.000 millones. Mientras se proyectan nuevas evaluaciones sobre las cuencas altas junto al Consejo Federal de Inversiones, desde la intendencia insistieron en que los recursos provinciales y locales resultan insuficientes para sanar los estragos de la catástrofe, exigiendo a la administración central que regularice los convenios y cumpla con la asistencia adeudada a la región.
