Frente a la iniciativa de la Casa Rosada para flexibilizar la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, el ministro Javier Rodríguez cuestionó los argumentos del Gobierno y ratificó la postura bonaerense con un proyecto propio en la Legislatura.
La pulseada por el control y la propiedad de los recursos estratégicos abrió un nuevo foco de conflicto político entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Axel Kicillof. Ante el inminente debate en el Senado de la Nación de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que busca suprimir los topes vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros—, el oficialismo bonaerense redobló la apuesta y presentó un proyecto en la Legislatura provincial para blindar el régimen de restricciones.
En este marco, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó con dureza los argumentos de la Casa Rosada y afirmó que la iniciativa nacional no responde a una demanda real del sector productivo. «Este proyecto que el Gobierno llama de inviolabilidad de la propiedad privada es parte de la agenda de debate nacional, pero quiero decir que no es parte de la agenda del sector productivo», sostuvo el funcionario, quien además rechazó que la flexibilización sirva para atraer inversiones en el actual contexto macroeconómico de caída del consumo y la demanda. Para Rodríguez, la flexibilización de estas normativas constituye una «falacia» que no guarda relación con el desarrollo productivo y sentenció: «La soberanía no se negocia ni se entrega».
El proyecto bonaerense y el mapa de tierras en disputa
En paralelo a las críticas del gabinete provincial, la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense impulsó una propuesta legislativa —firmada por Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero— para instituir un régimen de protección provincial. La iniciativa establece un tope del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales en todo el territorio provincial y en cada uno de los municipios, replicando los parámetros de la histórica Ley Nacional 26.737.
Asimismo, el texto contempla la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales destinado a fiscalizar operaciones, identificar a los beneficiarios finales y anular transacciones fraudulentas que utilicen testaferros o simulación societaria. Desde el oficialismo provincial advierten sobre la necesidad de este freno regulatorio al señalar que, si bien el promedio de tierras en manos extranjeras en la provincia es del 2,89% (834.421 hectáreas), existen distritos críticos donde ese porcentaje se dispara notablemente, tales como Campana (50,2%) y Zárate (24,8%).
Mientras la Casa Rosada defiende los cambios en pos de fomentar la seguridad jurídica y atraer capitales, la provincia fundamenta su ofensiva en el dominio originario sobre los recursos naturales reconocido por la Constitución Nacional, abriendo un nuevo capítulo de fricción institucional por el modelo de desarrollo agrario.
