Ante el estancamiento de las protestas que han paralizado el abastecimiento de insumos básicos, el mandatario decretó la medida por «conmoción interna». El Gobierno denuncia una estrategia de desestabilización vinculada al expresidente Evo Morales, mientras sectores campesinos mantienen la resistencia.
En un intento por frenar la crisis social más severa de los últimos años, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este sábado la imposición del estado de excepción en todo el país. La medida, que tendrá una vigencia inicial de 90 días, busca poner fin a más de 50 días de bloqueos de carreteras que han dejado a la nación sudamericana al borde del colapso logístico, con graves dificultades en el suministro de alimentos, combustible y medicinas.
«Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es para devolverle la libertad», afirmó Paz en una alocución televisada, subrayando que la decisión se tomó tras agotar, según sus palabras, «todas las instancias de diálogo» abiertas desde el inicio de las movilizaciones a finales de abril. El decreto, caratulado por «Conmoción Interna», ordena explícitamente a las fuerzas de seguridad asegurar el libre tránsito de ambulancias y bienes esenciales.
El trasfondo de la crisis es multidimensional. Lo que comenzó como un rechazo a una reforma agraria propuesta por Paz —vista por sectores campesinos como un beneficio para los grandes terratenientes— ha mutado en una protesta contra el rumbo económico del país y el encarecimiento de la vida. A esto se suma la persistente inestabilidad política provocada por la figura del expresidente Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia. El gobierno de Paz ha calificado los disturbios como un «intento de golpe de Estado» orquestado por el entorno de Morales para desestabilizar la democracia.
Aunque el Gobierno alcanzó un acuerdo reciente con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el territorio, el rechazo de la influyente Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari amenaza con profundizar la confrontación. Dirigentes de esta organización han advertido que radicalizarán los cortes de rutas, argumentando que las demandas por la protección de recursos naturales y los derechos indígenas siguen sin respuesta.
La situación humanitaria es, a estas alturas, alarmante. Gremios de salud y transporte han reportado desde hace semanas la imposibilidad de trasladar oxígeno y pacientes críticos a los hospitales, registrándose incluso fallecimientos dentro de ambulancias bloqueadas. Con el nuevo decreto, Paz busca equilibrar la mano dura con la apertura de una «comisión especial» para las provincias de La Paz y la convocatoria a un «gran acuerdo nacional», intentando desescalar un conflicto que ha puesto a prueba la gobernabilidad de su gestión de centroderecha.
