En un clima de creciente tensión financiera, la senadora Nerina Neumann presentó una iniciativa para aumentar de forma gradual la masa coparticipable que reciben las comunas bonaerenses. El proyecto busca reducir la dependencia de los intendentes respecto a los fondos discrecionales de la Provincia.
Ante la falta de resolución sobre el Fondo de Emergencia Municipal (FEFIM) y el constante reclamo de los jefes comunales por mayores recursos, la Legislatura bonaerense puso en agenda un cambio estructural en el sistema de distribución de fondos. La senadora radical Nerina Neumann propone elevar la participación municipal en la masa coparticipable provincial del 16,14% actual a un 20% en un plazo de cuatro años.
La iniciativa, que busca reformar la Ley 10.559, surge como respuesta a la compleja situación financiera que atraviesan los municipios, golpeados por la caída en la recaudación, el incremento de costos operativos y la paralización de la obra pública. El proyecto propone una escala progresiva: los envíos subirían al 17% el primer año, 18% el segundo, 19% el tercero y llegarían al 20% en el cuarto año.
Autonomía financiera y obra pública
Más allá de la inyección de fondos, el proyecto establece una obligación vinculante: una parte del dinero recibido deberá destinarse exclusivamente a un Plan de Obras Públicas Municipales. Este rubro contaría con un piso de inversión que escalaría gradualmente hasta alcanzar el 12% de los recursos coparticipados. Según la autora, la finalidad es fortalecer la autonomía local y descentralizar la ejecución de servicios, reduciendo la burocracia provincial.
Un contexto de alta tensión
La propuesta de la UCR se inscribe en un escenario donde el vínculo entre el Ejecutivo provincial y los municipios está marcado por la disputa del FEFIM. Mientras el gobernador Axel Kicillof propone un fondo con una parte atada a programas específicos, los intendentes exigen la libre disponibilidad de la totalidad de los recursos.
Frente a esta coyuntura, la senadora Neumann subraya una paradoja política: «La Provincia reclama una distribución más equitativa de los recursos frente al Gobierno nacional, pero ese mismo criterio debe aplicarse hacia los municipios». De aprobarse este esquema, las estimaciones sugieren un impacto fiscal que superaría los 862.000 millones de pesos anuales, cifra que, según el proyecto, se vería compensada por la transferencia de responsabilidades y una mejora en la eficiencia del gasto local.
