Tras la difusión de un comunicado oficial donde califica como «falta grave» la situación del jefe de Gabinete, el partido fundado por Mauricio Macri inició un replanteo estratégico. El bloque liderado por Cristian Ritondo, hasta ahora aliado incondicional del Gobierno, debate si apoyará el pedido opositor para que el funcionario brinde explicaciones ante los legisladores.
El escándalo judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito ha puesto en jaque la alianza política entre el gobierno de Javier Milei y el PRO. Lo que comenzó como un pedido de explicaciones se transformó en un quiebre de la tolerancia partidaria, luego de que el partido amarillo endureciera drásticamente su postura frente a las contradicciones del funcionario sobre sus inversiones en criptomonedas.
«Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible», sentenció el PRO en un comunicado de alto impacto, avalado por su mesa política y referentes de peso como Cristian Ritondo y los gobernadores del espacio. La declaración marca un giro en la dinámica de respaldo que el bloque había mantenido casi sin fisuras desde el inicio de la gestión libertaria.
La presión interna ante la interpelación que impulsa la oposición férrea en Diputados es evidente. Según fuentes de la bancada amarilla, el apoyo a una eventual citación de Adorni «está en revisión», lejos de la postura de silencio que predominó en su última intervención parlamentaria. La lógica que prevalecerá será la de una decisión unánime de bloque, aunque la complejidad del mapa legislativo —que incluye terminales de gobernadores como Frigerio y Torres— añade un grado de tensión extra a la definición.
El mensaje político entre líneas es claro: el PRO exige una respuesta a la altura de la transparencia que el Ejecutivo pregona. Mientras puertas adentro del partido confían en que este conflicto no escale hacia una ruptura mayor, la dirigencia espera un gesto del Gobierno que contribuya a destrabar la polémica. En el Congreso, el oficialismo observa con preocupación cómo su principal aliado comienza a marcar límites, dejando en manos de los legisladores la posibilidad de forzar una instancia de control que, semanas atrás, parecía impensable.
