El organismo multilateral analiza este miércoles el pedido realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida se integra en la estrategia oficial para ampliar el financiamiento externo, tras los avales previos del Banco Mundial y el BID.
El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se reúne este miércoles para definir la aprobación de una garantía por US$250 millones a la Argentina. Esta operación forma parte de los planes del equipo económico para fortalecer las reservas y asegurar los fondos necesarios de cara a los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027.
La gestión, anunciada originalmente en abril por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio organismo multilateral, podría ser definida en las próximas horas o bien estirarse por un plazo de hasta diez días si la cúpula directiva decide postergar la votación.
De obtener el visto bueno, este respaldo financiero se integrará al esquema de garantías que ya concedieron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de US$1750 millones. Dichos avales previos posibilitaron que el país accediera a dos líneas de préstamos por US$3200 millones otorgadas por un consorcio de bancos internacionales —integrado por Deutsche Bank, Santander y BBVA— destinados a cumplir con compromisos financieros. Conviene recordar que, al inicio de la administración de Javier Milei en diciembre de 2023, la CAF ya había facilitado un crédito puente por US$960 millones para cancelar un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El antecedente de las garantías del Banco Mundial y el BID
A finales de junio, el Ejecutivo oficializó la efectivización de los respaldos financieros por parte de los organismos de crédito internacional. Por un lado, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), dependiente del Grupo Banco Mundial, aprobó una garantía basada en políticas (PBG) por hasta US$1200 millones, enmarcada en un programa para impulsar la inversión privada, mejorar el clima de negocios y fomentar la creación de empleo.
Por el otro, el Grupo BID otorgó un aval por US$550 millones bajo el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), enfocado en optimizar la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de activos de origen ilícito frente al accionar de organizaciones criminales.
