Tras meses de instrucción, comienza el debate oral en los tribunales de Banfield. La fiscalía buscará probar que Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil asesinaron al empresario por deudas millonarias antes de descartar su cuerpo en una valija.
La justicia se prepara para desentrañar los días finales de Fernando «Lechuga» Pérez Algaba. Lo que comenzó como una disputa comercial por negocios inmobiliarios terminó en una escena del crimen que paralizó a la opinión pública en 2023. Ahora, el Tribunal Oral en el Criminal N°9 de Banfield, asistido por un jurado popular, debe dictar sentencia.
El guion de la tragedia La fiscalía reconstruyó una secuencia que, lejos de ser un negocio fallido, se habría transformado en una trampa mortal. El 18 de julio de 2023, Pérez Algaba fue citado al predio «Renacer», en General Rodríguez. Según la acusación, no se trató de una reunión para cerrar cuentas, sino de una emboscada. La hipótesis principal es que los disparos se produjeron en una oficina del predio, donde la víctima quedó sin posibilidad de defensa.
Lo que siguió fue un plan de ocultamiento que incluyó el descuartizamiento del cuerpo y su posterior traslado a Ingeniero Budge, donde fue abandonado en un arroyo dentro de una valija roja.
El banquillo de los acusados Los tres hombres que hoy enfrentan al jurado popular compartían negocios y confianza con la víctima, pero la codicia habría quebrado esos vínculos:
- Pilepich: Identificado como la figura central y presunto autor intelectual. Se lo señala como quien manejaba los hilos del emprendimiento que habría motivado la disputa.
- Vargas: Su presencia es clave en la narrativa fiscal; habría sido quien acompañó a Pérez Algaba al lugar donde fue ejecutado, actuando como el nexo para que la víctima confiara antes de la emboscada.
- Gil: La pieza de apoyo logístico. Su rol habría sido garantizar que la logística del asesinato y la posterior desaparición del cuerpo no dejaran rastro, aunque las pruebas tecnológicas dicen otra cosa.
La fiscalía intentará demostrar ante el jurado que, más allá de las versiones de los imputados, el móvil fue un beneficio económico directo. La defensa deberá enfrentar una carga probatoria robusta: desde las celdas de los teléfonos celulares que ubican a los acusados en el lugar, hasta los registros telefónicos que delatarían el «antes y después» de la ejecución.
