Rubén Rocha Moya oficializó su separación temporal del puesto luego de recibir fuertes cuestionamientos del oficialismo y de la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de las investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.
El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a solicitar una licencia temporal de carácter indefinido para separarse de sus funciones, tras enfrentar una intensa ola de críticas en las últimas 24 horas por haber retomado el cargo en medio de las indagatorias que lo vinculan con presuntos nexos con el narcotráfico.
Rocha difundió a través de sus redes sociales el documento dirigido al Congreso local en el que formaliza su apartamiento, acompañado de la consigna de que el estado y el movimiento de transformación están por encima de cualquier interés particular. La decisión se precipitó luego de que su reincorporación fuera públicamente descalificada tanto por la presidencia de la nación como por los principales liderazgos de su propio espacio político.
El rechazo del oficialismo y la postura federal
La presidenta Claudia Sheinbaum había manifestado su desacuerdo al señalar que el poder sin principios se vuelve arrogancia y que ningún interés personal puede anteponerse al bienestar del pueblo. En la misma sintonía, la Secretaría de Gobernación (Segob) remarcó que su regreso respondía a una decisión estrictamente personal y recordó que las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) continúan abiertas.
Asimismo, la dirigencia nacional de Morena, los grupos legislativos en el Senado y la Cámara de Diputados, junto con más de una veintena de gobernadores aliados, se desmarcaron de su reincorporación mediante comunicados conjuntos en los que exigieron congruencia y responsabilidad institucional.
El trasfondo de la causa
El mandatario estatal había retomado sus funciones argumentando que las acusaciones formuladas en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos —realizadas meses atrás y vinculadas con operaciones del Cártel de Sinaloa— formaban parte de un intento por desprestigiar al movimiento político oficialista. Aunque la FGR señaló previamente que no contaba con elementos probatorios suficientes para acreditar dichos señalamientos en territorio mexicano, la controversia política por su reasunción obligó a un nuevo repliegue del mandatario estatal.
