Un pedido de auxilio reveló una red de engaño y negligencia en el corazón de Uruguay. Los adultos mayores, de hasta 98 años, vivían hacinados en un «depósito» sin condiciones sanitarias básicas. Hay dos mujeres detenidas e imputadas por privación de libertad y estafa.
Lo que prometía ser un residencial de primer nivel terminó siendo un escenario de pesadilla. Tras escuchar gritos de auxilio, la policía de Montevideo ingresó a una propiedad y descubrió a 22 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad extrema: deshidratados, con ropa mojada, sin higiene y algunos durmiendo sobre colchones tirados en el piso. Las responsables del lugar, que operaban mediante el engaño a los familiares, ya se encuentran en prisión preventiva.
El operativo de rescate se desencadenó luego de que los vecinos, alertados por gritos, llamaran a las autoridades. Ante la negativa de quienes gestionaban el lugar de abrir la puerta, los efectivos debieron trepar por el techo e ingresar a través de un altillo. Allí, encontraron un escenario devastador: 22 personas de entre 68 y 98 años vivían en una «casa secundaria» que funcionaba como un depósito oculto, mientras la fachada principal exhibía un local prolijo para captar clientes.
El relato de la fiscalía: una violación a los derechos básicos
Durante la audiencia de formalización, la fiscal Sylvia Lovesio fue contundente al describir la escena: los ancianos estaban deshidratados, con signos de haber permanecido sin higiene personal y abrigados únicamente con ropa húmeda. En el lugar se encontraron cables eléctricos pasando por encima de los cuerpos de los residentes, colchones en el piso, ausencia de sábanas y una silla con un balde que servía como baño rudimentario. «La situación de vulnerabilidad era extrema y se violaron los derechos humanos básicos», afirmó Lovesio.
La estrategia del engaño
La modalidad delictiva incluía un control estricto sobre las visitas. Los familiares, que pagaban por servicios que prometían asistencia médica, psicólogos y seguimiento diario, solo podían concurrir con cita previa y en espacios especialmente preparados para el encuentro, ocultando así la realidad del alojamiento. Muchos descubrieron con horror que las pertenencias de sus seres queridos estaban guardadas en bolsas de residuos en lugar de armarios.
Imputación y situación judicial
Dos mujeres —la dueña del local (46) y la encargada (49)— fueron imputadas por los delitos de:
- Privación de libertad.
- Abandono de personas incapaces.
- Estafa.
- Omisión de asistencia.
La justicia dictó prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación. Aunque la defensa intentó aducir que el local no era clandestino, las pruebas recolectadas por las cámaras GoPro de la policía durante el operativo son contundentes y muestran la magnitud del operativo de ocultamiento que montaron las responsables.
