Tras fracasar la instancia de diálogo por los fondos de ANSES, el gobernador bonaerense formalizó el fin de las negociaciones y solicitará una medida cautelar. El mandatario denunció que el superávit nacional se financia mediante el incumplimiento de obligaciones legales con la provincia.
La disputa financiera entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional escaló a un punto crítico. El gobernador Axel Kicillof anunció la finalización de la etapa de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando la ausencia de una propuesta concreta de pago para saldar las deudas que la Nación mantiene con el distrito bonaerense. Ante este escenario, la administración provincial optó por avanzar directamente con el pedido de una medida cautelar para forzar la restitución de los recursos.
La controversia tiene como eje central una cifra millonaria que, según el mandatario, resulta vital para el funcionamiento operativo de la provincia. Si bien el reclamo inicial ante la ANSES se posicionaba en torno a los $2,3 billones, Kicillof precisó que, al sumar la interrupción de transferencias corrientes y el impacto de la caída en la recaudación, el pasivo total que el Estado nacional adeuda a Buenos Aires asciende a más de $22 billones. Este monto, según advirtió la gobernación, equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual del distrito.
Durante su anuncio, el gobernador cuestionó duramente la política de «equilibrio fiscal» implementada por la gestión de Javier Milei. Según Kicillof, el superávit nacional no es fruto de una gestión eficiente, sino que se sostiene mediante el recorte sistemático de fondos destinados a provincias, universidades y el sector previsional. «Vamos a seguir reclamando esos fondos porque no son de un Gobernador, le corresponden al pueblo bonaerense», sentenció el mandatario, ratificando que la vía judicial es ahora el único camino para intentar recuperar los recursos.
La presentación ante el máximo tribunal busca que la Corte ordene una restitución inmediata de los fondos. Este movimiento judicial marca una ruptura definitiva en el diálogo entre ambas administraciones, dejando ahora en manos del Poder Judicial la resolución de un conflicto que amenaza la sostenibilidad de las cuentas públicas de la provincia más poblada del país.
