Se le atribuye un rol activo en un presunto circuito de lavado con fondos de Lázaro Báez y Cristóbal López. El diputado será juzgado desde este viernes junto con Cristina Kirchner.
A pocas horas del comienzo del debate oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, la acusación judicial contra el diputado nacional Máximo Kirchner concentra la atención en su participación activa dentro de la administración de las empresas familiares. La documentación incorporada al expediente detalla cobros de cheques, representación legal de la inmobiliaria, movimientos bancarios y la adquisición de propiedades que posteriormente fueron alquiladas a empresarios contratistas del Estado. El proceso judicial, que se desarrollará de forma conjunta con su madre Cristina Kirchner, ubica al legislador en un rol central como presunto organizador de una asociación ilícita y participante directo en las maniobras de blanqueo de capitales.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el patrimonio de Los Sauces S.A. experimentó un incremento superior al 12.000%, impulsado por operaciones comerciales donde las firmas del Grupo Indalo y de Lázaro Báez concentraron cerca del 88% de la facturación entre los años 2009 y 2016. Entre las pruebas reunidas figuran trece cheques emitidos por la firma Valle Mitre que fueron endosados y depositados por Máximo Kirchner en cuentas del Banco Santa Cruz. Asimismo, la investigación reconstruyó su intervención concreta en el pago inicial para la compra de un dúplex y unidades complementarias en el complejo Madero Center de Puerto Madero por más de 1,4 millones de dólares, inmuebles que luego fueron arrendados a las compañías de Cristóbal López.
Por otro lado, la acusación suma elementos sobre la construcción de un complejo habitacional de cuatro departamentos que las empresas de Báez ejecutaron para Los Sauces, facturando más de 1,4 millones de pesos por dichas obras civiles. En este marco, un total de 19 imputados serán juzgados por el Tribunal Oral Federal 5 en un debate que analizará si la compleja red de contratos, alquileres y movimientos bancarios constituyó un esquema sistemático para dar apariencia lícita a fondos de origen ilegal provenientes de la obra pública y el negocio hotelero.
