A horas del debate en el Senado, el PJ y la Coalición Cívica arremetieron contra la reforma oficialista. Mientras el oficialismo busca atraer inversiones, la oposición advierte sobre riesgos para la soberanía nacional y la pérdida de control sobre recursos estratégicos.
La tensión legislativa escala en el Congreso ante el inminente debate del proyecto oficialista que propone eliminar los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Tanto el Partido Justicialista como la Coalición Cívica expresaron un rechazo contundente a la iniciativa, argumentando que la flexibilización de la Ley 26.737 compromete la seguridad y el interés nacional.
La postura del Partido Justicialista se apoya en una visión de la tierra como «bien natural estratégico, escaso y no renovable». A través de un documento formal, el PJ defendió la necesidad de proteger el suelo argentino frente a la lógica de mercado, citando antecedentes históricos y regulaciones similares presentes en potencias como Estados Unidos, Brasil y Australia. Según el partido, las restricciones vigentes buscan compatibilizar la propiedad privada con la defensa de la soberanía.
Por su parte, la Coalición Cívica, con la firma de Elisa Carrió, presentó un extenso análisis de 13 páginas que trasciende el debate económico. Para el partido, la tierra representa el «soporte de jurisdicción y continuidad territorial», advirtiendo que la reforma propuesta dejaría el territorio bajo un régimen de disposición política excepcional, lo que podría dar lugar a arbitrariedades por parte del Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales.
Los cambios que propone el oficialismo
El proyecto de Javier Milei, que forma parte de un paquete integral sobre el derecho a la propiedad, busca suprimir los pilares de la Ley 26.737 de 2011:
- Eliminación del tope del 15%: Se deroga el límite de titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y municipal.
- Fin del límite de extensión: Se elimina la restricción de hasta 1.000 hectáreas por persona extranjera en zona núcleo.
- Acceso a fuentes de agua: Se deroga la prohibición de comprar campos que contengan o lindan con cuerpos de agua permanentes.
Desde la Casa Rosada insisten en que las barreras actuales actúan como un freno para las inversiones productivas y que la legislación vigente es un obstáculo para el desarrollo regional.
Un debate con historial judicial
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta modificar el estatus de las tierras rurales. Al inicio de su mandato, Javier Milei buscó derogar la ley mediante el DNU 70/2023, pero la medida fue frenada por una cautelar tras una presentación del CECIM. Actualmente, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, lo que mantiene la vigencia de la norma actual hasta que se produzca un fallo definitivo.
La sesión en el Senado promete ser el escenario donde estas dos visiones del país —una orientada al mercado abierto y otra a la protección estatal de los recursos— chocarán de frente, definiendo el futuro del control territorial en la Argentina.
