Juana Fernández Muñoz, al frente del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), analiza los desafíos de una gestión que busca «hackear el sistema desde adentro». En entrevista, la funcionaria aborda la alarmante brecha estadística entre cifras oficiales y registros civiles, y defiende el rol asesor del organismo frente a la creciente crisis de seguridad.
Tras un 2025 que marcó un récord histórico en femicidios, Ecuador enfrenta un escenario donde la violencia de género se ha profundizado en medio de una crisis de inseguridad compleja. En este contexto, Juana Fernández Muñoz asumió la Secretaría Técnica del CNIG con el objetivo de transformar la política pública desde un enfoque de derechos humanos, reconociendo las limitaciones estructurales del organismo pero apostando a una «transversalización» que obligue al Estado a integrar la perspectiva de género en todas sus funciones.
Con una trayectoria marcada por el activismo en «Ni Una Menos» y una sólida experiencia en la administración pública, Fernández define el rol del CNIG como el «Pepe Grillo» del Estado. Su función no es ejecutar presupuestos, sino auditar, asesorar y orientar a las instituciones para garantizar que el enfoque de género no sea un adorno, sino el eje rector de cada política pública.
El desafío de la brecha estadística
Uno de los puntos críticos de la gestión es la marcada disparidad entre los femicidios reconocidos por la Fiscalía y los registros de las organizaciones sociales, que casi triplican las cifras oficiales. Fernández admite que el problema es técnico y comunicacional:
- El nudo legal: La Fiscalía tipifica el delito según los elementos de convicción recabados, lo que a menudo deriva en clasificaciones como «homicidio» en lugar de «femicidio».
- Acción correctiva: El CNIG participa actualmente en una mesa de trabajo con el INEC y cuenta con asesoría de la ONU para crear un registro de muertes violentas que incorpore obligatoriamente el enfoque de género.
Derechos humanos vs. Discurso de seguridad
Ante el discurso de ciertos sectores del Ejecutivo que estigmatizan la defensa de los derechos humanos, Fernández apuesta por la coherencia: «Hay que tener la humildad de reconocer dónde falta fortalecer el nivel gubernamental». Respecto al reclutamiento forzado de menores por bandas criminales, el CNIG propone desplazar el foco de la pura represión hacia intervenciones territoriales que integren educación, liderazgo comunitario y producción agroecológica en zonas de alto riesgo.
Transformar el Estado desde el interior
La gestión actual ha relanzado la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2025-2029, una hoja de ruta con nueve ejes que van desde la economía del cuidado hasta el cambio climático. Sin embargo, el pilar más ambicioso es la reactivación de la Norma Técnica para la Transversalización, que obliga a las instituciones públicas a crear comités internos de gestión de igualdad y planes de acción con seguimiento. A la fecha, el avance es progresivo, con la suma de entidades estratégicas como Petroecuador, la Defensoría Pública y diversos gobiernos parroquiales.
