La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, exigió al Ejecutivo provincial explicaciones sobre infraestructura y recursos edilicios.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, brindó este lunes las razones detrás de su fallo que suspende por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida cautelar se dictó al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de los adolescentes privados de su libertad. La flamante Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entró en vigencia a nivel nacional el pasado sábado y fue reglamentada este lunes por el Gobierno nacional.
En declaraciones a Radio Now, la magistrada argumentó que el territorio bonaerense carece de infraestructura, recursos institucionales y profesionales indispensables para absorber de forma adecuada el ingreso de más adolescentes al sistema penal. “Yo aplico la justicia restaurativa, que tiene que ver con restaurar los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no pibes chorros”, explicó Pascual, al tiempo que sentenció con firmeza: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”. La jueza aclaró que no rechaza conceptualmente la baja en la edad de imputabilidad, sino la falta de condiciones reales para su implementación efectiva: advirtió que un menor encerrado sin educación, sin oficio y sin terapia llegará a los 18 años listo para ser derivado a una unidad carcelaria que terminará funcionando como una auténtica «escuela de delito».
Ante las críticas recibidas por su resolución, la magistrada rechazó enfáticamente la idea de que su fallo deje a la sociedad desprotegida o que busque romantizar a los delincuentes armados. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquila”, afirmó, destacando que su obligación pasa tanto por escuchar a las víctimas como por intentar devolverle a la sociedad a un joven sin la agresividad que el propio encierro potencia. En los fundamentos de su fallo, advirtió además que la reforma generará un incremento considerable de detenidos y que el hacinamiento inevitablemente elevará los niveles de violencia y criminalidad dentro de los establecimientos.
Para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar, la jueza ordenó al Ministerio de Seguridad, al organismo provincial de Niñez y al Ministerio de Justicia bonaerenses que actúen en consecuencia. Asimismo, convocó formalmente a una audiencia obligatoria para el próximo 16 de septiembre a las 10, en la cual los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de aplicar la norma deberán presentarse a explicar cuáles son las medidas adoptadas, los proyectos en marcha y los plazos previstos para adecuar el sistema.
