El Gobierno profundizó el recorte de transferencias discrecionales durante junio, alcanzando el nivel más bajo desde 2005. La parálisis en los Aportes del Tesoro Nacional y la caída en la coparticipación complican la estructura financiera de las jurisdicciones provinciales.
La administración de Javier Milei ejecutó en junio uno de los ajustes más severos sobre los gobiernos subnacionales de las últimas dos décadas. Los envíos de fondos por fuera de la coparticipación —conocidos como transferencias no automáticas— experimentaron un desplome real del 87,7% interanual. Este recorte, el más pronunciado para un mes de junio en 21 años, profundiza la crisis de liquidez en las provincias, que además enfrentan una merma en la recaudación automática.
La política de «motosierra» se reflejó con intensidad en la distribución de recursos discrecionales. Con apenas $48.300 millones distribuidos en todo el territorio nacional, el gasto del Ejecutivo se concentró exclusivamente en partidas estratégicas, dejando de lado cualquier asistencia que no estuviera estrictamente ligada a compromisos específicos.
La distribución del gasto remanente
Pese a la contracción generalizada, el 69% de los escasos recursos enviados se limitó a tres áreas críticas:
- Educación: La universalización de la jornada extendida absorbió más del 50% de los fondos, siendo el principal motor de los envíos.
- Infraestructura: Servicios de agua potable y saneamiento recibieron el 10% del total, con ejecuciones focalizadas únicamente en Catamarca, Jujuy y Salta.
- Seguridad Social: Las cajas previsionales provinciales captaron el 8%, con Corrientes como única receptora.
En el mapa de transferencias, la provincia de Buenos Aires lideró la recepción de fondos con el 27,2%, seguida por Corrientes (10,4%) y Santa Fe (9,5%). Sin embargo, la herramienta política por excelencia, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), registró una parálisis absoluta: por segundo mes consecutivo, el Ejecutivo no envió asistencia de emergencia bajo este concepto a ninguna jurisdicción.
El impacto combinado: menor recaudación y recorte discrecional
La situación fiscal de los gobernadores se ve doblemente afectada. A la falta de fondos discrecionales se suma la caída de la Coparticipación Federal de Impuestos, que en junio retrocedió un 8,4% en términos reales. La combinación de ambos factores —menor recaudación nacional y cierre de la «caja» política del Poder Ejecutivo— impone un escenario de alta tensión para las administraciones locales, que ven restringida su capacidad de maniobra frente a gastos corrientes y programas que anteriormente dependían de la asistencia federal.
