El Gobierno presentó un proyecto de ley que impone restricciones severas a las plataformas digitales para proteger la salud mental de los jóvenes. Las compañías que no garanticen entornos seguros enfrentarán sanciones de hasta el 3% de su facturación global.
En un intento por frenar los efectos nocivos de la tecnología en la infancia, Canadá ha impulsado un ambicioso proyecto de ley que busca restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Identidad y Cultura, no solo exige condiciones estrictas de seguridad, sino que también crea una comisión reguladora para supervisar el impacto de los algoritmos y la inteligencia artificial en los usuarios más jóvenes.
El proyecto establece una prohibición general de cuentas para menores de 16 años, a menos que las plataformas logren demostrar ante las autoridades que sus sistemas garantizan un entorno libre de riesgos. Entre los contenidos que el Estado busca erradicar del alcance de los adolescentes se encuentran el acoso en línea, la incitación al daño autoinfligido, el contenido de odio, la violencia explícita y la victimización sexual infantil.
La legislación contempla un esquema de sanciones ejemplares para asegurar el cumplimiento: las empresas infractoras podrían ser multadas con hasta el 3% de sus ingresos globales o 10 millones de dólares canadienses, prevaleciendo la cifra más alta. Además, la normativa marca un precedente al incluir requisitos de seguridad específicos para los chatbots de inteligencia artificial, tras el aumento de la preocupación pública por el papel que estas herramientas desempeñan en la planificación de conductas violentas.
El ministro Marc Miller fundamentó la medida al señalar que las plataformas actuales están diseñadas bajo esquemas de captación de atención que erosionan el desarrollo infantil y fomentan la ansiedad, el aislamiento y la depresión. «La normativa busca devolver espacio a las interacciones en persona y fortalecer el bienestar escolar», afirmó. Si bien el proceso legislativo podría extenderse por un año, Canadá se suma a una tendencia global —que incluye a Australia, Brasil y diversos países europeos— que busca poner límites a los gigantes tecnológicos en favor de la protección de las nuevas generaciones.
