Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el cabecilla de una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, fue neutralizado tras un ataque del Comando Sur de Estados Unidos. La operación, ejecutada en el estado Bolívar, marca un hito en la cooperación de inteligencia entre Washington y Caracas para desmantelar la estructura del Tren de Aragua.
La carrera delictiva de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el «Niño Guerrero», llegó a su fin esta semana en un operativo militar de alta precisión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el Comando Sur llevó a cabo un ataque «rápido y letal» en territorio venezolano, logrando ejecutar al máximo líder del Tren de Aragua, una organización acusada de narcoterrorismo, extorsión y violencia transnacional.
La noticia fue difundida a través de la plataforma Truth Social, donde el mandatario estadounidense publicó un video del ataque —un impacto contra un recinto en el sureste del país— y enfatizó que la acción fue coordinada estrechamente con el gobierno de Venezuela. Por su parte, las autoridades venezolanas confirmaron la «operación combinada» en el estado Bolívar, calificando el desenlace como la desarticulación de una estructura criminal que, bajo el mando de Guerrero, había extendido sus redes por todo el continente.
Un ascenso criminal desde la cárcel La historia del «Niño Guerrero» comenzó en los años 2000 en Maracay, pero fue dentro de la prisión de Tocorón donde construyó su imperio. Según expertos en criminología, Guerrero no solo utilizó el penal como centro de reclusión, sino como el cuartel general desde el cual el Tren de Aragua pasó de ser un grupo local de extorsión a un gigante del crimen organizado transnacional. Tras fugarse en reiteradas ocasiones y ser condenado en 2018 a 17 años de prisión, su liderazgo facilitó la expansión del grupo hacia países como Colombia, Perú, Chile y, más recientemente, Estados Unidos.
El impacto global de su organización El Tren de Aragua, designado por Estados Unidos como una amenaza de nivel terrorista, diversificó sus actividades desde el control de minas ilegales en Venezuela hasta el narcotráfico y la trata de personas en la ruta migratoria regional. En diciembre de 2025, un tribunal federal de Nueva York había imputado a Guerrero por conspiración y actividades terroristas, cargos que se sumaban a las órdenes de captura internacionales que pesaban sobre él en diversos países de Sudamérica.
La muerte de Guerrero, celebrada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como un golpe contundente contra el «narcoterrorismo», representa un punto de inflexión en la política de seguridad hemisférica. Mientras el gobierno venezolano felicitó la labor de sus organismos de seguridad, la comunidad internacional observa con atención si este operativo logra desmantelar definitivamente una red que durante años operó con impunidad desde el corazón de los centros penitenciarios venezolanos.
