Informes oficiales de organismos de control exponen que la mayoría de los decesos en los penales bonaerenses y federales responden a patologías no tratadas, tuberculosis y condiciones de extrema vulnerabilidad.
En las prisiones del país, la conflictividad intramuros atraviesa un cambio profundo. Lejos de las imágenes habituales de enfrentamientos violentos, los informes recientes de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) —organismo oficial de control de los sistemas de encierro de la provincia de Buenos Aires— y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) advierten que los fallecimientos por causas naturales y problemas de salud no asistidos concentran el mayor porcentaje de la mortalidad carcelaria.
Durante el último período evaluado en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la inmensa mayoría de los decesos se debieron a patologías médicas, destacándose afecciones respiratorias, tuberculosis y cuadros oncológicos o cardíacos. El tiempo de encarcelamiento y las condiciones previas de indigencia o consumos problemáticos se suman como variables críticas que aceleran el desgaste físico de la población detenida antes y durante el encierro.
El escenario en el sistema federal
Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que nuclea a una menor cantidad de detenidos pero con perfiles de alto riesgo, registra dinámicas similares en cuanto al peso de las enfermedades sobre el total de muertes. Gran parte de estos decesos se producen en hospitales extramuros, evidenciando los límites estructurales para brindar una respuesta sanitaria oportuna y continua dentro de los establecimientos.
Mientras los índices de homicidios y suicidios muestran descensos o estabilidad relativa, la falta de recursos adecuados, sumada a demoras crónicas en el acceso a tratamientos integrales, consolida una crisis sanitaria silenciosa tras las rejas.
