Beijing formalizó una normativa de gran alcance que exige a las minorías, como tibetanos y uigures, subordinar su identidad cultural y religiosa a la lealtad al Partido Comunista. La ley incluye alcances extraterritoriales que generan alarma internacional por su potencial represivo.
China ha iniciado una nueva era en su política de control étnico con la entrada en vigor, este 1 de julio, de la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico. Esta normativa impone una asimilación cultural obligatoria para las 56 etnias reconocidas del país, exigiendo que las instituciones, desde las aulas hasta los hogares, prioricen el mandarín, la historia oficial china y el culto al Partido Comunista sobre las identidades locales.
La legislación consolida años de esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para unificar la identidad nacional. Según el texto, tanto escuelas como organismos gubernamentales tienen la obligación legal de fomentar un «sentido de comunidad» que sitúe a la cultura Han y a la autoridad del Partido en el centro de la vida social. Los padres, bajo esta normativa, pasan a ser responsables de guiar a sus hijos en el «amor al Partido Comunista».
El alcance global de la ley
Uno de los puntos más controvertidos es la aplicación de la ley fuera de las fronteras chinas. La norma establece que cualquier individuo u organización en el extranjero que «socave» la unidad étnica o promueva la división será considerado responsable bajo la legislación de Beijing. Críticos, académicos y expertos en derechos humanos advierten que esto busca imponer un «efecto escalofriante» sobre la investigación académica, el activismo y la libertad de expresión a nivel mundial.
«Beijing ya no trata la ‘unidad étnica’ como un eslogan, sino como una responsabilidad vinculante para todos los sectores», señaló James Leibold, profesor experto en políticas étnicas chinas. Bajo este nuevo marco, la identidad de cualquier minoría es aceptable solo en la medida en que permanezca estrictamente subordinada a la visión del Partido.
Preocupación internacional
Organismos como las Naciones Unidas han manifestado su inquietud por las graves implicaciones que esta ley conlleva para los derechos lingüísticos, culturales y religiosos de los tibetanos, uigures y mongoles. Existe un temor fundado de que la norma acelere la represión transnacional, permitiendo a las autoridades chinas perseguir, acosar o repatriar a disidentes exiliados, una práctica que organizaciones de derechos humanos ya han denunciado en años anteriores a través de la instalación de presuntas comisarías clandestinas en el extranjero.
El gobierno chino, por su parte, defiende la medida como un ejercicio soberano necesario para garantizar la paz y el desarrollo nacional. En palabras del viceministro de Justicia, Hu Weilie, la unidad es un «pilar fundamental» y la ley busca proteger los intereses legítimos de todos los grupos, aunque las voces disidentes sostienen que, en la práctica, se trata del golpe final contra la autonomía cultural en China.
