A woman speaks on a cell phone while a man next to her browses a phone along a street in Tehran on September 4, 2023. Iranian authorities have blocked popular social media networks, including Instagram and WhatsApp since mass protests erupted following the September 2022 death in police custody of 22-year-old Iranian Kurd Mahsa Amini. The restrictions come as millions of Iranians struggle to make ends meet, grappling with in an economic crisis marked by crippling Western sanctions, a galloping inflation, and sharp decline of the local currency. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
El corte global de la red, que este sábado alcanza los 64 días, profundiza la crisis económica y social. Mientras el 99% de la población permanece desconectada, crece la indignación por el «internet pro»: un acceso privilegiado que se revende en el mercado negro a precios exorbitantes.
Lo que comenzó como una medida de «seguridad nacional» ante las protestas de enero se ha transformado en un sistema de castas digital. Irán cumple este sábado 64 días sin acceso estable a la red global, un apagón que el ala ultraconservadora del régimen justifica por las «condiciones de guerra» tras el conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, la tensión ya no solo radica en la desconexión, sino en la aparición de un «internet estratificado»: un cupo de conectividad empresarial que está siendo desviado ilegalmente hacia particulares, permitiendo que una minoría con poder adquisitivo eluda el bloqueo mientras la economía digital del país se desmorona.
El impacto de la medida es devastador. El Frente de Reformas de Irán denunció que el cierre de la red ha provocado un desempleo generalizado y el colapso de miles de negocios digitales. En este contexto de desesperación, surgió el llamado «internet pro», originalmente diseñado para servicios esenciales, que hoy alimenta un lucrativo mercado negro manejado por intermediarios que van desde agencias de telefonía hasta gimnasios y boutiques. Acceder a este privilegio puede costar hasta 50 millones de riales, una cifra prohibitiva para el ciudadano promedio que depende de la red para estudiar o trabajar.
Desde el sector oficialista, el diputado Amirhosein Sabetí defendió la continuidad del bloqueo, alegando que el acceso libre permitiría a «mercenarios armados» organizar nuevas concentraciones antigubernamentales. Esta postura choca de frente con el diagnóstico de la Asociación de Comercio Electrónico, que calificó el argumento de la ciberseguridad como una «excusa», recordando que ataques masivos a bancos nacionales ocurrieron precisamente durante el apagón total.
La presión recae ahora sobre el presidente Masud Pezeshkian. Sectores moderados y cámaras empresariales le exigen que, como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, restablezca una conexión «libre y segura». Denuncian que el actual sistema no solo erosiona la confianza pública, sino que fomenta una «mafia de conectividad» que lucra con la privación de un derecho que hoy se considera básico.
Mientras el gobierno de Teherán mantiene su estrategia de «bloqueo generalizado» como escudo político, el país queda dividido por una frontera invisible: la de aquellos que pueden pagar por seguir conectados al mundo y la inmensa mayoría que, tras 64 días, permanece atrapada en el silencio digital.
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