Eileen Wang, exmandataria de la ciudad de Arcadia, admitió ante un tribunal federal haber difundido propaganda favorable a Beijing y desmentidos sobre el genocidio uigur bajo las órdenes de funcionarios chinos. Enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión tras operar una red de desinformación junto a su expareja.
En un caso judicial de alto impacto que expone las ramificaciones de la influencia geopolítica de Beijing en la política local estadounidense, la exalcaldesa de la ciudad californiana de Arcadia, Eileen Wang, se declaró formalmente culpable ante una corte federal de Los Ángeles por el delito de actuar como agente ilegal del Gobierno de la República Popular China. Wang, de 56 años, quien se vio forzada a renunciar a su cargo a principios de este mes, admitió haber operado de manera encubierta en territorio norteamericano siguiendo instrucciones directas de funcionarios chinos para diseminar propaganda política y desmentir violaciones a los derechos humanos, violando la ley federal que exige notificar previamente al Departamento de Justicia sobre cualquier actividad en favor de un mandante extranjero. Según la investigación del FBI, las operaciones ilícitas se concentraron entre finales de 2020 y 2022, concluyendo poco antes de que asumiera su banca en el concejo municipal.
La comparecencia de Wang se llevó a cabo ante el juez federal de distrito Wesley Hsu en los tribunales del centro de Los Ángeles. Durante la audiencia, la exfuncionaria ratificó los términos de su acuerdo de culpabilidad, el cual detalla que utilizó un portal de internet denominado US News Center para amplificar narrativas diseñadas por el aparato de comunicación de Beijing. Tras la declaración, el magistrado le concedió la libertad bajo una fianza de US$ 25.000 dólares hasta el próximo 6 de octubre, fecha en la que se dictará la sentencia definitiva. Por el cargo imputado, Wang se expone a una condena máxima de hasta 10 años de prisión efectiva y tres años de libertad condicional. La ciudad de Arcadia, una localidad de 53.000 habitantes ubicada al noreste de Los Ángeles, posee una altísima concentración de residentes de origen chino, factor que la convertía en un territorio clave para la guerra de información e influencia cultural que despliega la inteligencia del país asiático.
La trama delictiva conecta de forma directa a Wang con su exprometido y antiguo tesorero de campaña electoral, Yaoning “Mike” Sun, quien ya cumple una condena de cuatro años de cárcel tras haberse declarado culpable del mismo cargo en octubre pasado. El expediente judicial detalla un evento explícito ocurrido en junio de 2021, cuando un funcionario del régimen chino le ordenó a Wang replicar un artículo publicado en Los Angeles Times firmado por el cónsul general de China en Los Ángeles. En dicho texto, la diplomacia asiática refutaba de manera categórica las denuncias internacionales de persecución, torturas y campos de trabajo forzado contra la minoría étnica túrquica de los uigures en la región de Xinjiang, alegando falsamente que «no ha habido genocidio». Minutos después de recibir la instrucción, Wang publicó el enlace en su plataforma norteamericana. Cabe destacar que la postura oficial de los Estados Unidos y de diversos organismos de la ONU cataloga formalmente las acciones de Beijing en Xinjiang como crímenes de lesa humanidad.
La resolución del caso desató una fuerte polémica política en el concejo municipal de Arcadia. Los abogados defensores de Wang intentaron desvincular su rol político de la causa criminal, emitiendo un comunicado donde argumentaron que la exalcaldesa actuó cegada por «su confianza y amor por la persona equivocada», responsabilizando enteramente a su expareja por haberla llevado «por el mal camino». No obstante, la comunidad local y exfuncionarios electos criticaron con dureza al gobierno de la ciudad por no haberle exigido la renuncia inmediata cuando el FBI inició los allanamientos en el entorno de la mujer. Al respecto, el alcalde interino de Arcadia, Paul Cheng, defendió la prudencia de la institución explicando que la carta orgánica municipal les impedía destituir a un concejal antes de que mediara una condena firme, advirtiendo que politizar una investigación federal en curso hubiese entorpecido el accionar de la justicia.
