Tras un reclamo de productores rurales, la Cámara de San Nicolás obligó al municipio a detallar el destino de lo recaudado. La gestión del intendente Sanzio deberá presentar cheques, transferencias y la matriz de costos ante las denuncias por caminos intransitables.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó un fallo que pone en jaque la administración de fondos públicos en Baradero. La justicia ordenó al Ejecutivo municipal brindar un informe pormenorizado sobre el destino de 1.000 millones de pesos provenientes de la tasa vial, luego de que la Sociedad Rural local denunciara la falta de mantenimiento de la red caminera y la ausencia de respuestas a pedidos de informes previos.
La resolución, encabezada por los magistrados Damián Cebey y Marcelo Schreginger, ratifica el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. El municipio bonaerense deberá entregar ahora documentación sensible, que incluye el listado completo de cheques y transferencias emitidas con esos fondos, además de explicar el método utilizado para calcular el valor del tributo que abonan los productores.
Desde el sector agropecuario, el malestar es profundo. Pablo Roller, titular de la Sociedad Rural de Baradero, denunció que de los 600 kilómetros de caminos rurales que posee el distrito, menos de un tercio recibió algún tipo de mantenimiento en los últimos siete años. Esta situación, según describió, afecta no solo el transporte de la producción y la hacienda, sino también el acceso de las familias rurales a escuelas y centros de salud debido al estado de abandono de las trazas.
El abogado de los demandantes, Pablo Abdón, señaló que este paso judicial es clave para determinar la «razonabilidad» de la tasa. Advirtió, además, que si la información contable revela un desvío de recursos hacia otros fines ajenos al mantenimiento vial, los productores podrían iniciar acciones penales o solicitar judicialmente la devolución de los montos abonados, siguiendo precedentes exitosos en otros distritos como Daireaux.
El conflicto en Baradero se suma a una tendencia creciente en la provincia de Buenos Aires, donde municipios como Azul y Necochea también enfrentan embates judiciales por la transparencia de sus tasas. El fallo subraya que el Estado no puede brindar respuestas parciales y debe justificar con precisión cada peso recaudado bajo un concepto específico.
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