Con los líderes del Ejecutivo en el exterior, la estrategia de contención quedó en manos de los Menem, mientras conviven con cortocircuitos internos, diferencias con Santiago Caputo y los cruces constantes con Patricia Bullrich.
El Gobierno afronta un escenario de alta complejidad política, marcado por la fragmentación interna y la ausencia de las principales cabezas del Ejecutivo en el país, tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia la Ley de Tierras y desató una ofensiva opositora contra el DNU 70/2023. Ante este panorama, la estrategia de control de daños quedó temporalmente bajo la órbita de los primos Menem, quienes coordinan los pasos a seguir con Karina Milei desde París, mientras el sector de Santiago Caputo se concentra en la agenda de Malvinas y se mantienen los cortocircuitos con Patricia Bullrich.
En medio de los intentos por desactivar una sesión especial impulsada por distintos bloques opositores en el Congreso, el espacio liderado por los Menem evaluó reintroducir restricciones mínimas a la compra de tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, esta contraoferta se debatió sin un consenso interno sólido, evidenciando las tensiones acumuladas con otras terminales del oficialismo y los cruces públicos con la propia Bullrich, quien cuestionó la oportunidad legislativa de enviar dicha iniciativa tras el revés judicial.
La presión sobre la administración libertaria se intensifica además en la calle y el ámbito sindical, con convocatorias a movilizaciones frente a la Corte Suprema impulsadas por las CTA y el rotundo rechazo de la CGT al decreto. En los despachos oficiales reconocen que el oficialismo perdió la discusión narrativa ante la opinión pública y advierten sobre el malestar social asociado a los indicadores económicos, un combo que envalentona a una oposición cada vez más hostil en el Parlamento mientras el oficialismo intenta contener las ambiciones de poder interno de sus propios aliados.
