Luego de cuatro días de protesta que dejaron cerca de 200 buques varados y graves pérdidas económicas, la Casa Rosada frenó la polvareda normativa y acordó una mesa de trabajo con el sector de practicaje.
Ante una medida de fuerza que paralizó el comercio exterior durante cuatro jornadas, el presidente Javier Milei firmó la suspensión del decreto 690/2026, una normativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que modificaba los servicios de practicaje y pilotaje en canales, ríos y puertos del país.
El conflicto desató la retención de tareas de prácticos, pilotos y baqueanos, dejando como saldo casi 200 buques varados y pérdidas millonarias estimadas en unos USD 100 mil diarios que comprometieron contratos externos y el abastecimiento hacia la Patagonia sur.
La escalada obligó a los funcionarios del Gobierno a sentarse a negociar con los representantes del sector, logrando un acuerdo que se oficializó en la madrugada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 716/2026, firmado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el propio Sturzenegger.
La nueva norma dispuso la suspensión de los efectos del decreto anterior, restituyó la plena vigencia de las disposiciones previas y estableció la creación de una Mesa de Trabajo intersectorial —integrada por el Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y los referentes gremiales— para redactar una nueva reglamentación y aplicar una reducción del 20% en las tarifas vigentes.
