El proyecto busca modificar la ley vigente para flexibilizar la prohibición actual, reconociendo el vínculo afectivo construido, aunque advierten sobre el riesgo de convalidar las demoras judiciales.
El debate sobre la protección de niñas y niños en situación de vulnerabilidad toma fuerza a raíz de un proyecto de ley que busca modificar el sistema de adopción y acogimiento familiar en el país. El texto propone que, tras un año bajo cuidado en una familia de tránsito, estos hogares puedan tener prioridad para adoptar, incorporando además la figura del referente afectivo y nuevas licencias laborales.
Actualmente, la ley establece un plazo de 180 días para resolver la situación transitoria de los menores. Sin embargo, en la práctica los tiempos se extienden frecuentemente a uno, dos o cuatro años, generando un profundo impacto en la vida de los niños.
Prioridad para familias de tránsito y nuevos plazos
La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Nicolás Massot, plantea que, a partir de los 365 días, la familia de acogimiento pueda inscribirse en el registro de adopción y ser evaluada junto a otros postulantes. Esto no implica una adopción automática, sino una evaluación prioritaria basada en el vínculo y la estabilidad emocional ya generados, modificando la prohibición absoluta que rige en la legislación actual.
El objetivo central es evitar que los menores permanezcan años en condiciones transitorias indefinidas. No obstante, el proyecto genera controversias: algunos sectores advierten que priorizar a las familias de tránsito podría desincentivar la resolución rápida de los casos por parte del Estado y generar conflictos de interés en el acompañamiento del menor.
Referentes afectivos y licencias laborales
Otra de las principales novedades de la reforma es la inclusión legal de la figura del «referente afectivo» —personas allegadas que participan activamente en la vida del niño durante el proceso judicial—, garantizando la continuidad de ese vínculo incluso después de una adopción o revinculación familiar.
Asimismo, la propuesta contempla una ampliación de los derechos laborales al equiparar las licencias por maternidad y paternidad en casos de adopción con aquellas correspondientes a los nacimientos biológicos, facilitando de este modo la integración y el acompañamiento durante la adaptación familiar.
