El juez Mariano López dictó una medida cautelar que bloquea la venta del 90% de las acciones de la compañía. El fallo advierte sobre la ausencia de evaluaciones de impacto ecológico en los pliegos y cuestiona el procedimiento administrativo del Gobierno nacional.
En un nuevo capítulo de fricción entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, dictó una medida cautelar que suspende el proceso de privatización de AySA. La resolución, que complica los planes de Javier Milei para retirar al Estado de la prestación de servicios públicos, advierte que el esquema de venta actual ignora pasivos ambientales y no garantiza los derechos básicos de los usuarios bonaerenses.
La decisión del magistrado hace lugar a la presentación efectuada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que denunció que el pliego licitatorio impulsado por el Ministerio de Economía carece de «elementos básicos que garanticen el acceso al agua» y omite deliberadamente la remediación de pasivos ambientales en el territorio provincial. Según el fallo, el esquema oficial tiende a reducir las exigencias regulatorias, postergar obras críticas y desatender los efectos a largo plazo sobre la salud pública.
Este freno judicial se suma a un escenario de alta tensión para la Casa Rosada, que enfrenta reclamos similares en otros puntos del país por la cesión de activos estatales. La gestión de Luis Caputo había lanzado en mayo la licitación para traspasar el 90% de las acciones de la firma a un operador privado, atrayendo el interés de grupos empresarios como Roggio, Filiberti y consorcios internacionales, pero el proceso quedó ahora bajo la lupa por supuestas vicios administrativos.
La investigación judicial también expuso irregularidades en el funcionamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El presidente del organismo, Roberto Villamonte, ha sido cuestionado por avanzar en tasaciones de activos estratégicos —como las represas del Comahue, Nucleoeléctrica y Transener— sin la consulta previa al cuerpo colegiado, lo que ha generado una catarata de demandas contra el «modus operandi» del Ejecutivo.
En su resolución, el juez López fue contundente: el derecho colectivo al acceso al agua potable no puede quedar supeditado a una privatización que no garantice la sustentabilidad ambiental. Mientras la causa avanza en la Cámara Federal, la privatización de AySA —una pieza central de la arquitectura desregulatoria de Milei— ha quedado, por el momento, suspendida en un limbo judicial.
