La Justicia Federal de Rosario ampliará hoy la imputación contra Gianfranco Gaspar Núñez, sindicado como el líder de una red que captaba a jóvenes bajo falsas promesas laborales para comercializar videos íntimos. Tras el peritaje técnico que detectó archivos de explotación de menores, la fiscalía exigirá que continúe bajo prisión preventiva de cara al juicio oral. Hay sospechas de más de 50 víctimas.
La causa judicial que desarticuló la plataforma digital «Argentina Casting» sumó un capítulo de extrema gravedad institucional y penal que complica de forma definitiva la situación procesal de su creador, Gianfranco Gaspar Núñez. La Unidad Fiscal de Rosario solicitó una audiencia urgente para este jueves con el objetivo de ampliar los cargos en su contra, luego de que peritajes tecnológicos de alta complejidad detectaran la presencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) almacenado en los dispositivos móviles secuestrados al imputado. Núñez, quien ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva acusado de regentear una sofisticada red de trata y explotación sexual de mujeres de entre 18 y 22 años oriundas de distintos puntos del país, enfrentará ahora nuevas figuras delictivas de carácter federal. Ante el inminente vencimiento de su plazo de detención, pautado para este viernes, los representantes del Ministerio Público Fiscal exigirán al Juzgado de Garantías una prórroga restrictiva de su libertad, fundamentando el pedido en los riesgos de entorpecimiento y en la alarmante aparición de indicios que apuntan a la existencia de un entramado criminal con más de 50 víctimas vulneradas.
El modus operandi desplegado por el creador de la plataforma digital se encuadraba en una clásica matriz de captación por engaño a través de entornos virtuales. Según consta en el expediente que instruyen los fiscales Soledad García, María Virginia Sosa y Javier Arzubi Calvo, Núñez utilizaba perfiles de Instagram ocultando su verdadera identidad bajo los seudónimos de «Liam» o «Elion». A través de estas cuentas, contactaba a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones, ofreciéndoles supuestos trabajos de modelaje con remuneraciones en moneda extranjera que promediaban los US$ 200 por sesión. Los encuentros se materializaban en hoteles céntricos o departamentos de alquiler temporario, donde las víctimas eran inducidas a filmar contenidos íntimos bajo la falsa promesa contractual de que el material audiovisual se distribuiría de forma exclusiva en circuitos cerrados del exterior. Sin embargo, los videos eran viralizados inmediatamente de forma ilegal en redes abiertas de internet.
La causa, radicada ante el Juzgado Federal de Garantías liderado por el magistrado Carlos Alberto Vera Barros, cobró impulso tras una serie de cuatro allanamientos simultáneos efectuados en inmuebles de Rosario, Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dichos operativos, personal de las fuerzas federales incautó computadoras portátiles, discos rígidos, tarjetas de memoria SD, cámaras profesionales y sets de iluminación artificial, además de contratos apócrifos que el acusado hacía firmar a las damnificadas sin permitirles leer el contenido ni conservar copias de resguardo. Aunque inicialmente un fallo judicial le había otorgado la libertad condicional mediante el pago de una caución real de 20 millones de pesos, la oportuna apelación de la estructura de Casos Complejos de la fiscalía logró revertir la medida, determinando su reingreso a prisión en abril de este año.
En la trascendental audiencia fijada para este jueves, que se desarrollará mediante modalidades virtuales, los fiscales formalizarán la imputación por «promoción o facilitación de la prostitución», agravada por el concurso de siete hechos independientes de trata de personas en modalidad de acogimiento y el nuevo cargo por tenencia de MASI. Desde el Ministerio Público Fiscal recalcaron la importancia doctrinaria de utilizar la terminología técnica internacional «Material de Abuso Sexual Infantil» en reemplazo del antiguo concepto de pornografía infantil, argumentando que el término tradicional minimiza de forma severa la gravedad del flagelo al evocar equívocamente un escenario de consenso entre adultos, cuando en realidad se trata de registros criminales directos de la vulneración de las infancias. En paralelo, la Justicia agendó la realización de múltiples declaraciones testimoniales mediante dispositivos de Cámara Gesell para avanzar sobre nuevas denunciantes del circuito virtual, lo que proyecta un escenario de condena de cumplimiento efectivo a las puertas del futuro debate oral.
