Las universidades se negaron a retirar la demanda que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento por $2,5 billones. Para el Ejecutivo, la postura del CIN arrastra al sistema a un conflicto permanente.
En un intento hermético y de bajo perfil por desactivar el conflicto presupuestario que reavivó las protestas estudiantiles el mes pasado, el Gobierno nacional le propuso a los rectores un ambicioso paquete de asistencia financiera y recomposición salarial, supeditado a una condición política ineludible: que las casas de estudio retiren de inmediato la demanda judicial que aguarda un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia. La oferta oficial, presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ante representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), contempló un incremento salarial del 24,3% para el sector docente, una inyección de $50.000 millones para los hospitales universitarios y subas en las becas estudiantiles. Pese a que las autoridades universitarias catalogaron las cifras como un punto de partida «razonable» que demuestra la disponibilidad de recursos estatales, las negociaciones fracasaron de forma rotunda. Los rectores ratificaron de manera unánime que no cederán su principal resguardo legal, mientras que desde la Casa Rosada acusaron a la conducción académica de empujar el sistema hacia un «conflicto sin solución» con el único fin de sostener posturas políticas.
El encuentro, celebrado este lunes en territorio neutral para eludir el asedio de la prensa, buscó desarticular la judicialización del presupuesto educativo tras la última Marcha Federal Universitaria. En el plano salarial, el esquema del Poder Ejecutivo diseñó una recomposición del 24,3% destinada a cubrir de forma escalonada el deterioro del poder adquisitivo arrastrado desde finales de 2024, la totalidad de 2025 y el desfasaje registrado hasta mayo de 2026. Según las actas preliminares, el pago se estructuraría en dos tramos: un 21,3% liquidado con los haberes de junio y el 3% restante en el mes de octubre. Asimismo, el ofrecimiento contemplaba la creación formal de una comisión técnica abocada a revisar las deudas remanentes del período 2024 y el compromiso de reabrir negociaciones paritarias trimestrales de manera automatizada.
El paquete de alivio financiero oficial se completaba con medidas de fuerte impacto para el funcionamiento diario de las instituciones: una actualización del 50% en las becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% lineal para los gastos operativos de las sedes y una partida de emergencia de $50.000 millones para el sostenimiento de los centros de salud universitarios, cuyos presupuestos congelados mantenían en jaque la atención al público. En paralelo, quedaba pendiente establecer la letra chica de los criterios para distribuir otra caja remanente de más de $79.000 millones orientada a la infraestructura hospitalaria de alta complejidad. Sin embargo, todo el andamiaje técnico se derrumbó cuando el Ejecutivo exigió como contraprestación el desistimiento de la acción judicial que reclama la aplicación estricta de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
El núcleo de la resistencia de los rectores, nucleados bajo la conducción de Franco Bartolacci, radica en que dicha ley indexa por Índice de Precios al Consumidor (IPC) el costo de funcionamiento del sistema, lo que representa un desembolso global estimado en 2,5 billones de pesos que el Palacio de Hacienda rechaza porque dinamitaría las metas de superávit fiscal. «Eso no va a suceder de ninguna manera. La demanda opera como un seguro y no existe consenso interno para retirarla», enfatizaron delegados del CIN ante las consultas periodísticas, argumentando que la propuesta oficial expone que el Estado cuenta con el dinero necesario para saldar la crisis. Desde el entorno de Capital Humano replicaron con dureza, lamentando que la intransigencia legal de los rectores priorice el alineamiento corporativo interno por sobre una salida económica real, dejando la resolución de la paritaria trabada en un laberinto político de final abierto.
