La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA) denunció una prohibición «general e indiscriminada» contra periodistas de todo el país. La entidad advirtió sobre una escalada de hostilidad oficial que pone en riesgo el derecho constitucional a la información.
La jornada del jueves estuvo marcada por una fuerte tensión en la Casa de Gobierno, luego de que las autoridades nacionales impidieran el ingreso de los cronistas acreditados para realizar su cobertura habitual. La medida generó el repudio inmediato de AEDBA, organización que agrupa a los principales medios escritos, calificando el hecho como un atropello al ejercicio profesional y a la transparencia institucional.
En un comunicado de prensa, la entidad manifestó su «profunda alarma» ante lo que consideran una secuencia de agravios y restricciones sistemáticas. Según los editores, la prohibición no solo afectó la logística de los medios, sino que se enmarca en un clima de hostilidad creciente donde las descalificaciones personales hacia los trabajadores de prensa se han vuelto recurrentes desde las esferas del poder.
Desde AEDBA recordaron que el libre acceso a la Casa Rosada es una garantía fundamental del sistema republicano. La asociación subrayó que los cambios repentinos en las normas de acreditación y las limitaciones para consultar fuentes oficiales degradan el debate público y posicionan al periodismo crítico en un lugar de confrontación política innecesaria, afectando el flujo informativo desde la Capital hacia el resto de las provincias.
Asimismo, el texto difundido recalca que la labor de indagación y control por parte de los comunicadores es una pieza clave para el equilibrio democrático. Por este motivo, instaron al Ejecutivo a revertir estas políticas de exclusión y a asegurar las condiciones de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desempeñar su tarea sin presiones ni obstáculos físicos.
El conflicto se suma a una lista de precedentes que han tensado la relación entre el Gobierno y las entidades de prensa, las cuales exigen ahora el restablecimiento de un entorno de respeto mutuo y libertad de acceso.
