El secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, rechazó las denuncias de desfinanciamiento y aseguró que el presupuesto actual contempla un incremento del 66% en transferencias.
En la antesala de una nueva jornada de protesta callejera, la tensión entre la Casa Rosada y los gremios sanitarios sumó un duro capítulo dialéctico. El Gobierno nacional desmintió de forma categórica la existencia de un recorte de partidas en el área de Salud y cuestionó con severidad la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública convocada por sindicatos y asociaciones médicas. Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, encuadraron la movilización en una estrategia de «tinte netamente político» y argumentaron que la gestión no ejecuta un ajuste, sino una política de optimización y eficiencia de los recursos públicos. La respuesta oficial busca neutralizar la concentración que un amplio abanico de sectores gremiales y sociales realiza hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna de que el sistema atraviesa una crisis crítica por falta de insumos.
La postura de la administración central fue ratificada por el secretario de Gestión Sanitaria de la Nación, Saúl Flores. El funcionario ponderó el ordenamiento administrativo en efectores clave y detalló que, gracias a un «mejor manejo de los fondos», se logró una inversión de $30.000 millones en el Hospital Garrahan. En declaraciones radiales, Flores precisó que las transferencias destinadas de forma directa a la atención de pacientes pasaron de $136.269 millones en 2025 a un incremento presupuestario del 66% para el ejercicio actual. «Obviamente los presupuestos son finitos, pero no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y el ahorro en el manejo de los recursos», defendió, al tiempo que ratificó la continuidad del financiamiento estatal para la cobertura de pacientes oncológicos y personas con enfermedades poco frecuentes.
En el plano de la disputa federal, el Ministerio de Salud nacional aprovechó el escenario para trasladar la responsabilidad de la parálisis edilicia y operativa a las provincias. Flores denunció que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof mantiene una deuda acumulada de $644.700 millones con los hospitales de alta complejidad bajo la órbita de los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), cuyos convenios de sostenimiento financiero son compartidos de forma bilateral entre la Nación y el Estado provincial. Con este pase de facturas técnico-contable, el oficialismo buscó desactivar el núcleo del reclamo de los directivos hospitalarios bonaerenses que se acoplaron a la protesta masiva.
Desde la vereda de enfrente, la fisonomía de la protesta exhibe un fuerte componente multisectorial. Las organizaciones sindicales del sector médico, residentes, estudiantes universitarios y centrales obreras como la CTA Autónoma estructuraron una columna que marchará desde las 13:00 h desde las puertas de la cartera sanitaria nacional hacia el centro político porteño. Los organizadores sostienen que el sistema público padece un estrangulamiento real por la devaluación de las partidas destinadas a programas de medicamentos esenciales, demoras burocráticas en la entrega de tratamientos crónicos y un deterioro progresivo en la infraestructura edilicia, un diagnóstico que contrasta de forma lineal con las planillas de eficiencia que defiende el Palacio de Hacienda.
EL MAPA DEL CONFLICTO SANITARIO:
- La réplica oficial: Salud asegura que el presupuesto de transferencias generales para la atención de pacientes creció un 66% respecto del año anterior.
- El factor Garrahan: El Gobierno destaca una inyección de $30.000 millones en el hospital pediátrico como fruto de la reestructuración de fondos.
- Conflicto con PBA: Nación acusa a la administración de Kicillof de retener más de $644.000 millones destinados a la red de hospitales compartidos SAMIC.
- La movilización: Sindicatos y residentes marchan a Plaza de Mayo denunciando la caída de programas nacionales y faltante crónico de insumos médicos.
