La iniciativa, impulsada por el diputado socialista Esteban Paulón, propone la cobertura obligatoria de la práctica en hospitales, obras sociales y prepagas. Contempla el acceso a partir de los 16 años para pacientes con padecimientos crónicos intolerables o terminales y reconoce la objeción de conciencia médica individual.
El debate parlamentario sobre los derechos individuales y el final de la vida vuelve a instalarse en la agenda política argentina. El diputado nacional Esteban Paulón, miembro del bloque socialista dentro de la bancada de Provincias Unidas, presentó formalmente en el Congreso de la Nación un proyecto para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Denominada oficialmente como “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”, la iniciativa consagra el derecho de los ciudadanos a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida ante cuadros de enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos imposibilitantes que generen un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. El proyecto busca replicar regulaciones de vanguardia global e incluye modificaciones estructurales al Código Penal para eximir de sanción a los profesionales que intervengan en el proceso.
La letra chica del texto legislativo diferencia y regula dos modalidades de aplicación. En primer término, la eutanasia propiamente dicha, definida como la administración directa de una sustancia letal al paciente por parte de un profesional de la salud calificado. En segundo término, el suicidio asistido, esquema en el cual el propio individuo se autoadministra la medicación que previamente le fue provista y prescrita por el médico a cargo. Para asegurar el acceso democrático y federal a la práctica, el proyecto estipula su incorporación inmediata al Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura integral al 100% y sin copagos, obligando por igual a los efectores de los hospitales públicos, las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga.
Entre los requisitos excluyentes para solicitar la prestación, la normativa dictamina que el paciente debe ser ciudadano argentino o poseer residencia permanente acreditada de al menos un año en el país, fijando una edad mínima de 16 años para peticionarlo. El proceso de consentimiento está diseñado bajo un estricto paraguas legal: la decisión debe expresarse de manera libre, consciente e informada a través de dos solicitudes formales por escrito, separadas por un intervalo mínimo de 15 días, existiendo la prerrogativa de revocar la orden en cualquier instancia del trámite. La validación del cuadro clínico estará supeditada al control cruzado de un médico responsable, un consultor independiente, un equipo interdisciplinario de salud y una Comisión de Evaluación y Garantías específica. Como reaseguro ético, el Estado deberá certificar que el paciente tuvo acceso previo y efectivo a una cobertura integral de cuidados paliativos.
El plano político asoma complejo y anticipa un escenario de fuerte polarización legislativa. El proyecto reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual para los profesionales médicos que se nieguen a practicarla por convicciones íntimas, pero prohíbe de forma taxativa que las clínicas y sanatorios privados se amparen en una supuesta «objeción institucional», corporativa o religiosa para bloquear el tratamiento. Aunque Paulón destacó la existencia de consensos transversales y el antecedente de proyectos presentados por figuras de todo el arco político —como Alfredo Cornejo (UCR), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y legisladores del PRO y Unión por la Patria—, la Iglesia Católica y sectores sociorreligiosos ya preparan una férrea resistencia. El primer gran desafío del socialismo será unificar los textos preexistentes en las comisiones para lograr, por primera vez, llevar el dictamen a la discusión del recinto.
