La postulación de María Verónica Michelli para un tribunal federal de La Plata ya contaba con las firmas para el dictamen, pero la orden de vetarla provino directamente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, la Casa Rosada destrabó los pliegos de dos magistrados vinculados a la conducción de la AFA.
En una fuerte muestra de autoridad política sobre el proceso de designaciones del Poder Judicial, el Gobierno nacional frenó de manera drástica el nombramiento de una magistrada clave en la provincia de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Senado de la Nación la orden formal para retirar el pliego de María Verónica Michelli, quien se encontraba nominada para cubrir una vacante estratégica en el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. Según revelaron fuentes parlamentarias, la instrucción de vetar la postulación fue ejecutada de manera directa por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El trasfondo de la drástica decisión oficial radica en un nexo de parentesco: Michelli es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, autor de recientes y sensibles publicaciones periodísticas sobre el denominado «Caso Libra», una causa que genera fuerte preocupación y salpica a referentes de la actual administración libertaria.
La decisión de retirar la postulación sorprendió a los pasillos de la Cámara Alta, dado el avanzado estado parlamentario en el que se encontraba el trámite. El pliego de Michelli ya había superado las audiencias públicas y cosechado las nueve firmas necesarias en el seno de la Comisión de Acuerdos —compuesta por 17 legisladores— para convertirse legalmente en dictamen de mayoría y quedar en condiciones de ser votado en el recinto. Sin embargo, el bloqueo político se activó en la propia conducción de la comisión: el senador libertario por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, alineado con la estrategia de la Casa Rosada, se negó sistemáticamente a presentar y formalizar el despacho correspondiente. La parálisis administrativa sirvió de puente temporal hasta que la nota formal de retiro, suscripta de puño y letra por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, ingresó formalmente por mesa de entradas del Senado.
En un sentido diametralmente opuesto, las negociaciones subterráneas en Balcarce 50 arrojaron luz verde para otros pliegos judiciales que permanecían bajo estricto congelamiento político. El Gobierno nacional autorizó finalmente el avance parlamentario de las nominaciones de los magistrados Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes estaban destinados a integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ambos jueces habían sido originalmente observados y tachados por el propio Presidente debido a sus estrechas terminales y vínculos políticos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), conducida por Claudio «Chiqui» Tapia, entidad con la que el Ejecutivo mantiene una abierta batalla pública por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El destrabe de estos pliegos fue el resultado directo de una mesa de concertación de la que participaron representantes del Ministerio de Seguridad, bajo el ala de Patricia Bullrich, y los principales operadores de la jefatura de bloque libertaria. Tras alcanzar un acuerdo de gobernabilidad judicial del cual no trascendieron mayores detalles técnicos, el veto del Poder Ejecutivo fue levantado formalmente. Con el aval de la Casa Rosada restablecido, el senador Pagotto habilitó la correspondiente recolección de firmas, permitiendo la unificación y validación de los despachos de comisión que serán elevados de forma inmediata para su tratamiento y votación definitiva en la próxima sesión ordinaria del pleno del Senado.
