El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien descartó la realización de futuros comicios para evitar que la oposición recupere el poder.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, repudió este martes los dichos del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien sentenció que en su país “no volverán a haber elecciones”. A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense advirtió que la administración de Washington y la comunidad internacional no permanecerán indiferentes ante la escalada represiva del régimen de Ortega y Rosario Murillo.
“El compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”, expresó Rubio, señalando además que la situación fabrica inestabilidad y amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. En la misma línea, la Embajada norteamericana en Managua calificó la medida como una muestra de la verdadera naturaleza autoritaria de la pareja gobernante, que ya no oculta la falta de consentimiento popular.
El fin de la alternancia y el blindaje constitucional
Las declaraciones de Ortega tuvieron lugar el pasado domingo durante el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua. En su discurso, el mandatario de 80 años descartó de plano cualquier proceso democrático futuro al afirmar: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Asimismo, adelantó que impulsará leyes junto a la Asamblea Nacional —afín al Ejecutivo— para poner un “muro” a los opositores exiliados.
Este escenario se da tras la entrada en vigor, a principios de 2025, de una profunda reforma a la Constitución Política de Nicaragua. La enmienda eliminó el balance de poderes, consolidó el mando absoluto de Ortega junto a su esposa (designada «copresidenta»), extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y legalizó la apatridia. Si bien los comicios generales debían celebrarse originalmente en noviembre de 2026, los cambios constitucionales corrieron el calendario hacia 2027, aunque el reciente anuncio del régimen sepulta la posibilidad de cualquier contienda electoral legítima.
