Convertido en una de las mayores tragedias humanas de Occidente, el país caribeño padece una inestabilidad crónica donde el Estado fue suplantado. Con la capital controlada en un 85% por la coalición mafiosa Viv Ansanm, millones de personas sobreviven entre el hambre, la violencia sexual y el reclutamiento forzado de menores.
Fachadas destruidas por impactos de artillería, negocios partidos a la mitad para abrir vías de escape y barricadas de escombros en cada esquina. Las postales actuales de Puerto Príncipe no pertenecen a una guerra convencional, sino al día a día de un territorio bajo «gobernanza criminal». Haití atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, agudizada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021. Hoy, el colapso es total: las fuerzas de seguridad locales y las misiones internacionales de la ONU se ven desbordadas por Viv Ansanm, una megacoalición de bandas armadas que controla los accesos, los puertos y la distribución de ayuda humanitaria, convirtiendo al Estado en un actor de reparto dentro de su propio territorio.
La caída de Haití hacia el abismo no es nueva; es el resultado de una deuda histórica asfixiante desde su independencia, dictaduras sangrientas como la de los Duvalier y catástrofes naturales sistemáticas. Sin embargo, el escenario actual alcanzó un nivel de perversión superior. La élite política y empresarial alimentó durante décadas a grupos paramilitares para proteger sus propios intereses, hasta que el monstruo cobró vida propia. Hoy, alrededor de 200 pandillas, coordinadas por figuras como el expolicía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, no solo disputan territorio, sino que dictan las reglas de la economía y la supervivencia social.
Los números de la ONU exponen el horror: solo en el primer trimestre de 2026, al menos 1.642 personas fueron asesinadas. En este ecosistema de terror, el reclutamiento de niños soldados creció un 70% en el último año, mientras que la violencia sexual se consolidó como el arma predilecta de las bandas para disciplinar a la población civil. Ante la total ausencia estatal, los ciudadanos recurrieron a la creación de brigadas de autodefensa (el movimiento Bwa Kale), lo que generó una espiral de linchamientos y brutales venganzas que tiñe de sangre los barrios olvidados por el poder central.
La respuesta internacional tampoco encuentra el rumbo. El desembarco de la Fuerza de Supresión de Pandillas convive con polémicos operativos de empresas militares privadas estadounidenses, acusadas de provocar matanzas colaterales de civiles mediante el uso de drones explosivos en zonas densamente pobladas. Mientras tanto, el 11% de la población se encuentra desplazada internamente, los hospitales sufren ataques directos con cócteles molotov y el analfabetismo ya roza el 40% debido a que las escuelas terminaron convertidas en precarios albergues de refugiados.
La promesa de celebrar elecciones para iniciar una transición política a principios de 2027 parece una utopía lejana. Los analistas internacionales, como Diego Da Rin del International Crisis Group, advierten que las urnas no hacen milagros: las propias pandillas ya participan activamente de las negociaciones con los actores políticos tradicionales. Sin un plan drástico que combine el control territorial de las armas con una reconstrucción profunda de la justicia, el tejido social y los servicios básicos, cualquier intento de pacificación será frágil. Haití sigue esperando un respiro, atrapado en un laberinto donde los criminales ya se sientan a la mesa del poder.
