Los diputados Alejandro Bongiovanni (LLA) y Daiana Fernández Melero (PRO) unificaron un proyecto de ley para dejar sin efecto la normativa de 2021, argumentando que «demoniza» a los ultraprocesados y perjudica el comercio en el Mercosur. Desde la Federación Argentina de Graduados de Nutrición salieron al cruce, calificaron la medida como un «capricho libertario» y advirtieron que volverá la «letra chica» en los envases.
La Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas, sancionada en el Congreso de la Nación en 2021 tras un prolongado debate multisectorial, se convirtió en el nuevo foco de conflicto político y científico en la Argentina. El Gobierno nacional, en sintonía con bloques aliados, formalizó su estrategia legislativa para derogar de forma definitiva la normativa que obliga a las empresas a exhibir los octógonos negros de advertencia por excesos de azúcares, sodio, calorías y grasas. La iniciativa, que unifica propuestas previas de los diputados Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) y Daiana Fernández Melero (PRO), busca eliminar el esquema actual para reemplazarlo por un modelo de rotulado armonizado con los criterios técnicos del Mercosur. Mientras el oficialismo confía en conseguir las voluntades necesarias para avanzar en las cámaras, colegios de nutricionistas y asociaciones científicas se declararon en estado de alerta comunitaria, denunciando que la medida representa un severo retroceso para la salud pública y un intento explícito de ocultar información nutricional crítica a los consumidores, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Los fundamentos del proyecto de ley tripartito argumentan que la legislación vigente adolece de fallas estructurales y ejerce un «paternalismo de Estado» nocivo sobre la ciudadanía. Según el diputado oficialista Alejandro Bongiovanni, el sistema no se limita a informar de manera objetiva, sino que «pone una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria». Entre las principales críticas técnicas, los autores de la iniciativa sostienen que los criterios de medición argentinos —basados en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) según el porcentaje de calorías— generan severas distorsiones regulatorias, provocando que alimentos con idéntica cantidad absoluta de sodio o azúcar reciban advertencias diferentes. Asimismo, aseguran que para fines de 2023 el 85% de los productos envasados en las góndolas argentinas ostentaba al menos un sello negro, una sobreabundancia que, a criterio del oficialismo, terminó por saturar visualmente al consumidor y neutralizar el verdadero impacto informativo de la norma.
Otro eje central de la contraofensiva libertaria apunta al impacto macroeconómico y logístico que la ley impone al sector productivo nacional, afectando de manera directa el comercio exterior. Los legisladores impulsores señalan que la coexistencia de modelos de etiquetado dispares dentro del Mercosur obliga a las pequeñas y medianas empresas (pymes) alimenticias a modificar costosamente sus cadenas de envasado y reformular ingredientes de acuerdo al país de destino, restando competitividad frente a los socios regionales. Desde la Casa Rosada sostienen que las recientes modificaciones administrativas introducidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) funcionaron como un reconocimiento implícito del fracaso del sistema, por lo que consideran que la derogación total es la única vía jurídica válida para otorgar previsibilidad y unificar las reglas de juego con el bloque regional.
En la vereda opuesta, la comunidad de profesionales de la salud y la nutrición cerró filas en defensa de los octógonos. Ana Cáceres, presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición (FAGRAN), rechazó de forma categórica los argumentos oficiales y advirtió que dar de baja la ley implica «volver a la letra chica, donde hay que ser un experto técnico para interpretar lo que dice un envase». La titular de FAGRAN recordó que el proyecto original fue el resultado de una construcción democrática y participativa que involucró a científicos, sectores de la política y a la propia industria alimentaria, basándose en sólida evidencia que vincula el consumo de ultraprocesados con la malnutrición y el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Ante el inminente inicio del debate parlamentario en el Senado, las organizaciones civiles anunciaron rondas de audiencias con legisladores de la oposición y movilizaciones en el espacio público, argumentando que la ley excede lo visual y ya ha permitido a numerosas provincias reconvertir los comedores escolares hacia entornos de alimentación saludable.
