El proyecto obligará a las plataformas a pagar seguros y mutuales médicas a los repartidores. El Ministerio de Trabajo bonaerense creará un registro obligatorio con georreferenciación.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires se prepara para dar una discusión de fuerte peso político y económico en el sector de la economía de plataformas. Tras haberlo adelantado en la apertura de sesiones ordinarias de marzo, el gobernador Axel Kicillof ultima los detalles de un proyecto de ley destinado a regular el trabajo de los repartidores y choferes de aplicaciones de delivery y transporte en territorio bonaerense. La iniciativa, que será presentada formalmente tras el Congreso de Trabajo de la semana próxima en Mar del Plata, busca establecer un marco normativo estricto que obligue a las multinacionales del sector a costear seguros, coberturas médicas por accidentes y a transparentar sus bases de datos ante el Ministerio de Trabajo provincial, que actuará como la autoridad de aplicación.
El anuncio fue encabezado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, en el marco de las habituales conferencias de prensa de los lunes junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Correa denunció una «ausencia total de registros fehacientes» por parte de las firmas tecnológicas y remarcó que el espíritu de la ley se centrará en garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores «con un enfoque no punitivo». Entre las herramientas concretas, el proyecto estipula la obligatoriedad de proveer de botones antipánico georreferenciados a los repartidores para dar alertas automáticas a las carteras de Seguridad y Salud ante robos o siniestros viales. También incluirá un esquema de fiscalización sobre las llamadas dark stores o tiendas de abastecimiento de las aplicaciones.
La movida bonaerense se acopla en sintonía fina con el proyecto de ley nacional presentado días atrás en la Casa de la Provincia por el diputado nacional Hugo Moyano (h), respaldado por un amplio abanico del bloque de Unión por la Patria. Aquella iniciativa federal presume la existencia de un contrato de trabajo formal entre el repartidor y la app, exigiendo además un salario mínimo garantizado, límites a la flexibilidad horaria, la provisión de equipamiento por parte de la empresa y la auditoría humana sobre las penalizaciones o asignaciones de viajes que dictan los algoritmos. El texto de Kicillof recoge estos fundamentos internacionales alineados a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El principal desafío de la norma será el choque de jurisdicciones con el Poder Ejecutivo Nacional. Al ser consultado sobre las limitaciones que impone la actual Ley de Bases y la Reforma Laboral de la administración central, que recorta el poder de policía de los estados provinciales en materia de contrataciones, Correa se plantó en la autonomía bonaerense. «La provincia de Buenos Aires tiene una Constitución y un artículo 39 que salvaguarda los intereses y derechos de los trabajadores. Ante la deserción del Gobierno Nacional, la Provincia hace lo que corresponde», enfatizó el funcionario. El oficialismo confía en destrabar el debate legislativo —que ya tuvo un antecedente frustrado en 2023 con un proyecto del senador Omar Plaini— apoyándose en que la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado provincial acaba de quedar bajo la presidencia de la legisladora kirchnerista María Rosa Martínez.
LOS PUNTOS CENTRALES DE LA REGULACIÓN BONAERENSE:
- Registro obligatorio: Las empresas de plataformas deberán inscribir de manera transparente y fehaciente a todo su personal de reparto en la provincia.
- Cobertura de riesgos: Obligatoriedad de financiar seguros vehiculares y coberturas médicas completas ante accidentes laborales o enfermedades.
- Botón antipánico: Dispositivos de emergencia con georreferenciación conectados en tiempo real con las centrales de Salud y Seguridad de PBA.
- Control de centros logísticos: Inspecciones del Ministerio de Trabajo en depósitos y tiendas de abastecimiento propio (dark stores) de las aplicaciones.
