La Justicia validó los remitos de los materiales utilizados en la casa de Exaltación de la Cruz. Investigan si el ministro coordinador puede justificar los fondos.
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un elemento de fuerte impacto probatorio. La Justicia Federal confirmó que los remitos, recibos de compra a proveedores y planillas de mano de obra aportados de manera espontánea por el contratista Matías Tabar coinciden de forma precisa con los 245.000 dólares que el constructor declaró haber percibido por la remodelación de la propiedad del funcionario en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. El avance de la pericia documental complica la estrategia de la defensa, dado que el testigo ratificó ante el fiscal Gerardo Pollicita que el ministro coordinador canceló la totalidad de los trabajos mediante entregas directas de billetes de moneda extranjera, sin la emisión de facturas o comprobantes fiscales de pago.
La declaración testimonial de Tabar y el posterior cotejo de su documentación privada permitieron trazar una detallada radiografía del desarrollo de las obras en el club de campo. Según consta en el expediente judicial, las reformas edilicias se extendieron a lo largo de casi diez meses —entre septiembre de 2024 y julio de 2025— e incluyeron una reestructuración integral de la vivienda. Las tareas de puesta en valor comprendieron la colocación de nuevos revestimientos de pisos, la remodelación total del baño y la cocina, la confección de mobiliario a medida para el sector del quincho y reparaciones estructurales en la piscina del predio.
El punto más sensible para la fiscalía radica en el mecanismo de financiamiento de las obras. El contratista detalló que el jefe de Gabinete estructuró los desembolsos en dos etapas: una entrega inicial en mano de 55.000 dólares durante los últimos meses de 2024 y un saldo remanente de 190.000 dólares que se terminó de cancelar en efectivo a lo largo de 2025. Al validar los comprobantes comerciales de los proveedores que suministraron los materiales para dichas reformas, la fiscalía a cargo de Pollicita dio por acreditado el volumen económico real de la obra civil.
A partir de esta confirmación, el foco de la investigación judicial se centrará en el dictamen técnico contable sobre el patrimonio de Adorni. Los peritos de la Justicia buscarán determinar si el nivel de gastos detectado en la remodelación, sumado a los costos de adquisición del inmueble en el country, guarda estricta correlación con las declaraciones juradas de bienes e ingresos formales que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción en los últimos años. Las sospechas sobre el origen de los fondos en efectivo y la falta de bancarización de la transacción configuran el eje central sobre el cual la fiscalía avanzará en las próximas semanas.
LOS DETALLES DE LAS REFORMAS BAJO SOSPECHA:
- Monto confirmado: US$ 245.000 abonados en mano, divididos en un anticipo de US$ 55.000 (2024) y cuotas finales de US$ 190.000 (2025).
- La ubicación: Una propiedad familiar propiedad del ministro coordinador situada en el country Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz.
- Las obras civiles: Refacción completa de baños y cocinas, renovación de pisos, equipamiento de quincho y arreglos en la piscina.
- El peritaje contable: La fiscalía de Gerardo Pollicita cruzará los remitos aportados por el contratista con las declaraciones juradas de Adorni.
