La Libertad Avanza inicia hoy el debate en comisión de un ambicioso paquete que incluye cambios en el financiamiento, BUP y Ficha Limpia. El proyecto expone nuevas grietas entre Karina Milei y Patricia Bullrich, mientras la oposición dialoguista condiciona su apoyo y propone desdoblar la discusión.
Con la orden directa de la Casa Rosada de no admitir cambios, el oficialismo pone en marcha hoy en el Senado el tratamiento de la Reforma Electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El proyecto, defendido por el fueguino Agustín Coto, busca una transformación profunda del sistema político argentino, teniendo como eje central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, el camino hacia los 37 votos necesarios se presenta sinuoso: la oposición dialoguista —UCR y PRO— ya adelantó que no acompañará el «paquete cerrado» y presiona para tratar temas sensibles, como Ficha Limpia, de manera independiente.
La estrategia del Ejecutivo, liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, choca con la postura de sectores vinculados a Patricia Bullrich, quienes se muestran más abiertos a negociar con el bloque radical y el macrismo. Mientras que la Casa Rosada exige una aprobación integral de los 79 artículos, los senadores liderados por Eduardo Vischi (UCR) proponen una alternativa: que las PASO sean optativas, una idea que ya recibió el visto bueno de Jorge Macri y el bloque del PRO que encabeza Martín Goerling Lara.
El proyecto oficial no solo apunta a las primarias; también incluye:
- Financiamiento partidario: Modificaciones en los topes y orígenes de los fondos para campañas.
- Boleta Única de Papel (BUP): Ajustes en la implementación de la ley ya sancionada.
- Parlasur: Eliminación de la elección directa de parlamentarios, quienes volverían a ser designados por el Congreso.
- Ficha Limpia: Inhabilitación para candidatos con condenas confirmadas.
Sobre este último punto, tanto el PRO como el bloque de la Neuquinidad (que responde al gobernador Rolando Figueroa) han presentado iniciativas propias. El proyecto de Goerling Lara busca garantizar la «probidad» inhabilitando a condenados por delitos de corrupción, mientras que la senadora Julieta Corroza propone que la restricción rija desde la condena en segunda instancia.
El oficialismo ha designado a Gisell Castelnuovo como el nexo entre el Congreso y Balcarce 50 para intentar destrabar una negociación que se prevé compleja. Con las cámaras legislativas fragmentadas, la Mesa Política —que integran Manuel Adorni, Karina Milei y Patricia Bullrich— deberá definir si mantiene la intransigencia del «todo o nada» o si cede ante la posibilidad de un desdoblamiento que permita, al menos, avanzar con la esperada Ley de Ficha Limpia antes de las próximas elecciones.
