El Observatorio Adriana Marisel Zambrano informó que, entre enero y junio, se contabilizaron 105 femicidios, 11 vinculados y 5 trans/travesticidios. Además, se contabilizaron 278 intentos de asesinato, dejando a 134 niños sin sus madres.
La violencia de género en Argentina mantiene niveles alarmantes. Según el informe semestral del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, dirigido por La Casa del Encuentro, el país registró 121 muertes violentas de mujeres y diversidades en los primeros seis meses del año. La cifra se completa con 278 intentos de femicidio, consolidando una realidad que, según las organizaciones, persiste sin señales de descenso.
La estadística revela el impacto devastador de esta problemática en el seno familiar: el 61% de los 134 hijos que perdieron a sus madres son menores de edad, quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad. El informe destaca que el 53% de los victimarios eran parejas o exparejas de las víctimas, y confirma que el hogar sigue siendo el espacio más inseguro para las mujeres en situación de violencia, ya que el 69% de los crímenes ocurrieron en domicilios particulares o compartidos.
Distribución geográfica y perfiles
Si bien la violencia se extiende por todo el territorio nacional, Buenos Aires se mantiene como la provincia con mayor cantidad de casos en términos absolutos, seguida por Santa Fe y Santiago del Estero. Un dato que preocupa a los especialistas es que al menos trece mujeres contaban con denuncias previas contra sus agresores y seis de ellas ya habían solicitado medidas cautelares, lo cual pone de relieve las fallas en el sistema de protección estatal.
El reclamo de La Casa del Encuentro
Ante estos números, La Casa del Encuentro emitió un duro comunicado cuestionando la gestión gubernamental actual:
- Falta de políticas estructurales: Denunciaron que el Gobierno nacional se niega a reconocer la violencia de género como un problema estructural.
- Desmantelamiento de programas: Exigieron la plena ejecución del Plan ENIA, el Programa Acompañar, y el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela y la ESI.
- Presupuesto insuficiente: Reclamaron la revisión de los recursos asignados a las políticas de género, calificando el presupuesto actual como una reducción que afecta la capacidad de respuesta del Estado.
“Queremos un Estado que actúe y no destruya. Queremos un Estado que transforme”, señalaron desde la organización, instando a las autoridades a retomar el compromiso con la Ley 26.485 de Protección Integral. La demanda principal apunta a la designación de un organismo rector que garantice la atención, el asesoramiento y la reparación para las víctimas y sus familias, en un escenario donde, advierten, la violencia atraviesa todas las clases sociales y sectores de la vida pública y privada.
