Tras la denuncia de Marcela Pagano, el juez Lijo ordenó el secuestro de documentación contable. Se investiga un posible esquema de «retornos» con contratistas del Estado.
La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo foco de conflicto que complica la estrategia de «reseteo» político del Gobierno. El juez federal Ariel Lijo solicitó formalmente a tres importantes compañías —Datco, National Shipping y Foggia Group— la entrega de toda la facturación y documentación de licitaciones vinculadas a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete. La investigación, impulsada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca desentramar si la relación comercial entre la consultora y estas empresas, que a su vez son grandes proveedoras del Estado, configura un esquema de corrupción y beneficios cruzados.
La mira de la justicia está puesta en el posible conflicto de intereses y la sospecha de retornos de fondos públicos. El planteo central de la denuncia es que la consultora de Angeletti tiene en su cartera de clientes a firmas con contratos millonarios en organismos estatales como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. El caso de National Shipping es particularmente sensible: se trata de una naviera contratista de YPF, empresa donde el propio Adorni fue designado como director titular en representación del Estado a principios de 2026.
El pedido del juez Lijo no se limita a las empresas privadas. También requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos completos de las firmas involucradas para identificar a sus beneficiarios reales y confirmar su condición de contratistas nacionales. La causa caratulada bajo delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, intenta determinar si el crecimiento patrimonial del entorno del Jefe de Gabinete tiene un correlato con el direccionamiento de licitaciones a favor de estos grupos empresarios.
Este avance judicial se produce en una semana donde el oficialismo buscaba recuperar aire en el Congreso con la presentación del «superRIGI». Sin embargo, la presión opositora en Diputados para interpelar a Adorni encuentra en esta medida de Lijo un nuevo argumento para sostener la ofensiva contra el vocero presidencial, cuya imagen —según sondeos recientes— ha sufrido un desgaste acelerado debido a la acumulación de denuncias contra su patrimonio y su círculo íntimo.
Entre pedidos de facturas y órdenes de licitación, la Justicia busca establecer si los honorarios pagados a la consultora de Angeletti respondían a servicios reales o si eran el vehículo para el pago de «favores» políticos. Mientras Adorni se prepara para defenderse en el terreno parlamentario, el frente judicial liderado por Lijo amenaza con transformar un ruido mediático en una causa penal de fondo que podría comprometer la estabilidad del Jefe de Gabinete en su cargo.
