En la previa de la movilización a Plaza de Mayo, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario Alejandro Álvarez vincularon la protesta a intereses de la oposición. Pese al reclamo por la Ley de Financiamiento, el Ejecutivo ratificó que solo cumplirá con lo pautado en el Presupuesto nacional.
A pocas horas de que la Marcha Federal Universitaria gane las calles de todo el país, el Gobierno nacional salió a marcar la cancha con un discurso de confrontación y sospecha. Desde el Ministerio de Capital Humano, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, definieron la convocatoria como un movimiento «claramente político» e impulsado por sectores de la oposición. Aunque el Ejecutivo reconoció la legitimidad del reclamo salarial de los docentes, insistió en que la movilización está «influenciada» por actores ajenos a la academia, como la CGT y gobernadores opositores, y ratificó que el foco de la gestión seguirá puesto en la auditoría y transparencia de los fondos públicos.
La discusión de fondo radica en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado. Mientras que las universidades exigen su ejecución para actualizar salarios y gastos operativos frente a la inflación, la Casa Rosada sostiene que dicha norma es «abstracta». Según Alejandro Álvarez, el Gobierno solo se regirá por la Ley de Presupuesto, argumentando que la ley de financiamiento no especificaba el origen de los recursos, lo que violaría la Ley de Administración Financiera. Este conflicto ya escaló a la Justicia y, tras dos fallos favorables a las casas de estudio, la resolución final quedó en manos de la Corte Suprema.
Por su parte, Pettovello buscó «desmitificar el monstruo sagrado» de la universidad pública, aclarando que el Gobierno no pretende el cierre de las instituciones, sino un control exhaustivo de los gastos. «Queremos explicárselo a la gente con datos reales», enfatizó la ministra. En este sentido, el Ejecutivo adelantó que, tras la marcha, convocará a los rectores para rediseñar la distribución de más de $79 mil millones destinados a hospitales universitarios, un punto de fricción constante con la UBA.
La respuesta de la comunidad académica no se hizo esperar. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura oficial al señalar que el propio Gobierno intentó derogar la Ley de Financiamiento en el último Presupuesto, pero no logró los votos necesarios. Asimismo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las transferencias nacionales sufrieron una caída del 45,6% desde finales de 2023, lo que ha dejado a las universidades funcionando «a la mitad de sus capacidades».
PUNTOS DE CONFLICTO:
- Ley de Financiamiento: El Gobierno la considera abstracta; las universidades exigen su cumplimiento por vía judicial.
- Auditorías: Capital Humano insiste en transparentar el gasto; los rectores lo ven como una intervención a la autonomía.
- Fondos para Hospitales: El Ejecutivo reclama fondos sin ejecutar, mientras las instituciones denuncian deudas millonarias.
- Costo de la Ley: El oficialismo estima el impacto en 1,2 billones de pesos.
Con este escenario de extrema polarización, la Marcha Federal Universitaria se perfila como un termómetro clave de la relación entre el Gobierno de Javier Milei y los sectores medios y educativos. Mientras la Casa Rosada minimiza el impacto de los «bombos» en la calle y se refugia en la discusión parlamentaria, la comunidad universitaria apuesta a una movilización masiva para forzar una mesa de negociación que garantice el funcionamiento de las 57 universidades nacionales durante lo que resta del 2026.
