El informe de Jefatura de Gabinete confirmó que ya se recortaron más de 67.000 puestos públicos. La mayoría de los pagos corresponden a «finalización de disponibilidad».
El plan de reducción de la estructura estatal impulsado por el Gobierno nacional arrojó sus primeras cifras oficiales de costo financiero y alcance administrativo. Según el informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso, el Poder Ejecutivo ya desembolsó $771.825.763,50 para cubrir indemnizaciones, rescisiones y acuerdos por retiros. Esta inversión económica es el correlato de un ajuste profundo en la nómina salarial pública que, desde diciembre de 2023, acumula una baja de 67.253 trabajadores, integrando tanto a la administración centralizada como a empresas y sociedades del Estado.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado detalló que el grueso de los pagos efectuados, unos $694 millones, corresponde a la figura de «finalización de disponibilidad». Otros $52 millones se destinaron a liquidaciones finales por la no renovación de contratos, mientras que el resto se divide entre bajas por cambios de estructura y rescisiones contractuales.
De acuerdo con las estadísticas del INDEC citadas en el informe, la evolución de la planta estatal muestra un recorte drástico:
- Noviembre 2023: 343.357 empleados totales.
- Marzo 2026: 276.104 empleados totales.
- Porcentaje de ajuste: 19,5%.
En el desglose, la administración pública propiamente dicha (organismos centralizados y descentralizados) redujo su nómina en 45.364 personas. Por su parte, las empresas y sociedades estatales —actualmente bajo la lupa por posibles privatizaciones— perdieron 21.889 trabajadores. Para profundizar esta tendencia, el Ejecutivo mantiene abiertos programas de retiro voluntario en dependencias clave como ANSES, Vialidad Nacional y los medios públicos.
La estrategia oficial busca alivianar el gasto público permanente a cambio de un costo indemnizatorio inmediato. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como una optimización necesaria de los recursos, los gremios estatales mantienen la alerta ante lo que consideran un desmantelamiento de funciones esenciales. El informe de Adorni confirma que la meta de «achicar el Estado» sigue siendo el eje prioritario de la gestión económica libertaria.
Acerca del autor
