Con una caída del 11% en ingresos federales y el cierre de 22.000 pymes, los intendentes advierten que la falta de ayuda alimentaria nacional es insostenible.
A través de un crítico documento institucional presentado ante el Ministerio de Economía, los intendentes de todo el país alertaron sobre el estado de asfixia financiera que enfrentan los gobiernos locales. En el escrito, la FAM advierte que la Argentina se encamina hacia una catástrofe social si no se revierte de forma inmediata el desfinanciamiento de los distritos.
El diagnóstico técnico describe una realidad fiscal asfixiante. Durante el primer trimestre de 2026, la coparticipación federal registró un retroceso real del 11%, lo que sumado a la eliminación de subsidios al transporte y la energía, ha dejado a las administraciones municipales sin margen de maniobra. Este escenario impacta directamente en la calidad de los servicios esenciales y en el encarecimiento logístico que golpea el bolsillo de los vecinos.
Un punto central del reclamo es la administración de los recursos energéticos. Según la FAM, el Estado Nacional acumuló 3,5 billones de pesos mediante el Impuesto a los Combustibles al cierre de marzo. Sin embargo, los intendentes denuncian que ese dinero se encuentra retenido y no se utiliza para obras viales ni para amortiguar el precio del gasoil. Esta falta de inversión nacional coincide con un desplome del sector privado: ya se contabilizan más de 22.000 empresas cerradas en todo el territorio, afectando gravemente la producción industrial y las economías de cercanía.
En el plano humano, la presión sobre los distritos es inmanejable. El documento revela que la demanda de comida en los barrios populares subió un 100% en el último año, pero el Gobierno Nacional no ha enviado asistencia alimentaria en los últimos 24 meses. La vulnerabilidad se extiende a los jubilados, quienes enfrentan dificultades para comprar remedios, y a las personas con discapacidad que han sufrido recortes en sus pensiones.
Para frenar este colapso, la FAM solicitó una mesa de trabajo permanente con Economía para normalizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria, bajo la premisa de que fortalecer a las comunidades es la única forma de fortalecer a la Argentina.
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