Tras una reveladora declaración judicial, el juez Daniel Rafecas ordenó un allanamiento en la vivienda del fallecido jerarca de la dictadura. Se incautaron dos cajas con manuscritos y documentación oculta que podrían aportar datos clave sobre el destino de las víctimas.
Un importante operativo de la Policía Federal tuvo lugar en un edificio de la avenida Santa Fe, donde residió Carlos Guillermo Suárez Mason, máximo responsable de la represión en la Zona I. La medida, dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, surgió tras el testimonio del periodista Gustavo Sammartino, quien aportó detalles sobre la existencia de documentos que el represor conservaba en su poder.
El procedimiento permitió el secuestro de abundante material de interés para las causas de lesa humanidad. Entre los elementos hallados se encuentran manuscritos personales y archivos clasificados del Ejército que nunca habían sido entregados a la Justicia. La investigación apunta a que este material podría contener organigramas, agendas y datos precisos para identificar a perpetradores y localizar a personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.
Durante la requisa se vivieron momentos de tensión con la familia del militar. Gloria Suárez Mason, hija del jerarca, mantuvo fuertes discusiones con los funcionarios judiciales, llegando a cuestionar el accionar de la justicia. Uno de los puntos de mayor fricción ocurrió ante el hallazgo de un documento vinculado al secuestro y apropiación del actual dirigente Eduardo «Wado» de Pedro, cuyo caso está ligado a la jurisdicción que comandaba Suárez Mason.
La diligencia judicial también incluyó la revisión de la baulera del edificio, a la que los familiares inicialmente se negaron a facilitar el acceso. Además de los archivos del exjefe del Primer Cuerpo, la familia reclamó por la situación procesal de Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), quien cumple condena perpetua por crímenes cometidos en la ESMA y fue protagonista de la reciente polémica por la visita de diputados nacionales al penal de Ezeiza.
Los documentos incautados quedaron bajo resguardo del juzgado de Rafecas y comenzarán a ser analizados de forma exhaustiva en las próximas semanas. El hallazgo representa un nuevo avance en la lucha contra el pacto de silencio de los represores, sumándose a otros operativos históricos donde la búsqueda en domicilios particulares permitió recuperar pruebas fundamentales para los juicios de verdad y justicia.
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