La familia de Paula Lastiris desmiente deudas de alquiler y revela una trama inquietante: el dueño del local se negó a cobrar el mes de abril pese a los reiterados intentos de pago. Leopoldo Aráoz fue detenido tras ejecutar a la comerciante a plena luz del día.
Lo que inicialmente se reportó como un posible homicidio por deudas o un robo fatal en el Barrio Norte de La Plata, ha tomado un giro dramático hacia una ejecución planeada y, hasta ahora, irracional. Paula Carolina Lastiris (47) fue asesinada este miércoles en su local de la calle 37 por el propietario del inmueble, Leopoldo Olegario Aráoz (49). Lejos de la versión de la morosidad, su esposo Walter Romero presentó pruebas que demuestran que el alquiler estaba al día y que la familia incluso había enviado cartas documento intimando al dueño a que pasara a cobrar, ante su misteriosa negativa de recibir el dinero durante todo el mes de abril. El ataque, que consistió en dos disparos certeros sin mediar palabra, terminó con la vida de una comerciante respetada que, paradójicamente, estaba en proceso de expandir su negocio con una segunda sucursal.
El trasfondo del crimen revela una conducta extraña por parte del agresor en las semanas previas. Según el contrato de locación, Aráoz debía presentarse personalmente a principios de mes para retirar el pago. Al no hacerlo, los inquilinos intentaron contactarlo por múltiples vías sin éxito, lo que motivó el envío de notificaciones legales para dejar constancia de su voluntad de pago. La tarde del miércoles, Aráoz rompió el silencio de la manera más violenta: ingresó al comercio «Repostillón», disparó contra Paula y huyó a pie, intentando mimetizarse entre los peatones antes de ser interceptado por el Escuadrón Motorizado de la Policía Bonaerense. Al momento de su captura, el hombre caminaba con calma y portaba el revólver utilizado en el ataque.
Desde una perspectiva judicial, el caso ahora se centra en desentrañar el móvil de Aráoz. La fiscal Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la UFI N° 17, cuenta con el testimonio del marido de la víctima y los comprobantes de pago que desarticulan cualquier justificación económica. La familia de Paula, profundamente afectada, ha salido a defender la memoria de la mujer, calificando de «ataque» las versiones que sugerían problemas financieros. Con el asesino tras las rejas y el arma secuestrada, la investigación busca determinar si existía alguna otra motivación oculta o si se trató de un rapto de violencia irracional por parte del propietario, quien ahora enfrenta una acusación por homicidio agravado.
La comunidad de La Plata despide a una trabajadora dedicada, mientras la justicia intenta explicar por qué un hombre decidió asesinar a quienes no solo cumplían con su contrato, sino que le exigían legalmente que aceptara su renta.
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