Con la coordinación de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, se realizaron allanamientos en 18 provincias argentinas y otros 15 países. Entre los implicados figuran una funcionaria de Santa Cruz y un preso que operaba desde una cárcel bonaerense.
Un golpe sin precedentes a las redes transnacionales de abuso sexual infantil se ejecutó este miércoles con la operación «Aliados por la Infancia VI». El megaoperativo, coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, logró la detención de 84 personas (26 de ellas en Argentina) tras realizar cientos de allanamientos simultáneos en el país y el exterior. La investigación desnudó el alcance de estas redes, que involucraban desde funcionarios públicos hasta reclusos que continuaban delinquiendo desde el interior de penales de máxima seguridad.
La acción, liderada por la fiscal especializada Daniela Dupuy, contó con una articulación clave entre el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y fuerzas locales de 18 provincias, incluyendo Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En Argentina se concretaron 68 procedimientos que resultaron en la incautación de armas de fuego y una vasta cantidad de dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes forenses para identificar a posibles víctimas y otros miembros de la cadena de distribución.
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue el allanamiento en la Unidad Número 1 de Lisandro Olmos, en La Plata. Allí, los agentes intervinieron la celda de un interno ya condenado por abuso sexual, quien presuntamente lideraba una red de distribución de material prohibido utilizando ocho teléfonos celulares secuestrados en su pabellón. Paralelamente, en Río Gallegos, el operativo provocó un sismo político con la desvinculación inmediata de la directora de un Centro Integrador Comunitario, cuyo domicilio fue allanado tras ser vinculada a la causa.
A nivel internacional, el despliegue fue masivo: Brasil encabezó la lista con 44 arrestos, seguido por Panamá y Uruguay. En total, se realizaron 202 allanamientos en el extranjero, abarcando países de Europa y América Latina como Francia, España y Perú. El Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta, subrayó que el objetivo no es solo detener a quienes poseen el material, sino investigar si los implicados son también autores materiales de abusos directos contra menores.
Los dispositivos secuestrados representan la pieza clave para la siguiente etapa judicial. La fiscal Dupuy adelantó que la celeridad en el análisis digital será determinante para llevar a los responsables a juicio oral. Mientras tanto, la operación deja un mensaje contundente sobre la capacidad de la cooperación internacional para rastrear delitos cibernéticos que, hasta hace poco, se consideraban inalcanzables bajo el anonimato de la red.
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